De Vido tiene un frente judicial complicado.

El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de Río Turbio, en Santa Cruz y además le prohibió la salida del país.
De Vido y otras 36 personas fueron citados a declarar en el marco de la causa en la que el fiscal Carlos Stornelli había pedido en julio pasado el desafuero y la posterior detención del ex funcionario kirchnerista, que generó tanto revuelo antes de las PASO.
Además de citar a declarar al ex ministro y a otros ex funcionarios y a dirigentes santacruceños, el juez les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su fallo de 30 páginas.
El mismo día que De Vido declarará el ex secretario de Miniería Jorge Mayoral, mientras que cinco días antes lo hará el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
En el expediente se investiga la presunta malversación de 26.000 millones de pesos que el desaparecido ministerio de Planificación destinó a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los fondos estaban relacionados con los planes de modernización de la mina de Río Turbio y con la construcción de la Usina Térmica, ambos investigados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
La propia Sigen fue la que denunció que el presupuesto previsto tuvo hasta once modificaciones de costo, lo que generó un incrementó de su valor en un 98 por ciento y que también se agregó la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos.
La decisión del juez Rodríguez se conoció cinco días después de que la Cámara Federal porteña le ordenara que revise su decisión de no citar a indagatoria al ex ministro kirchnerista.
La Sala II de la Cámara Federal porteña también le había ordenado que evalúe si corresponden detenciones en el caso y revocó la exención de prisión del ex subsecretario de Coordinación Baratta.
«Existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo (…) que salvaguardan de igual forma los fines procesales», respondió Rodríguez, quien afirmó que se «adoptarán las medidas necesarias» para el correcto desarrollo de la casua.
«Corresponde disponer la prohibición para salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes», continuó.
Entre los llamados a indagatoria figura el ex interventor de YCRT y actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Anastacio Pérez Osuna, y el ex funcionario de planificación y actual funcionario de Santa Cruz, Jaime Álvarez.