En las ciudades del interior, la inseguridad se ve por la tele. En las casas se sintonizan los canales de noticias porteños que casi las 24 horas informan sobre lo que pasa en Buenos Aires: robos, salideras, entraderas, incendios, violaciones, incendios en continuado, sobre todo en el conurbano.

Por eso cuando “una noticia policial” se genera en alguna localidad alejada de la capital  del país se produce la sorpresa, ya que todo lo que muestran las pantallas no es el cotidiano de millones de personas que viven alejados de Buenos Aires.

A fines de diciembre del año último, por orden del fiscal Mauricio del Cerro se llevaron adelante una serie de allanamientos en el sur de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de desbaratar una supuesta banda de narcotraficantes.

Nada que ver

“El imponente operativo se llevó a cabo el pasado martes e incluyó 23 allanamientos en distintos domicilios de Bahía Blanca, Pigüé y Puan. Cabe recordar que uno de los detenidos es el policía Lucio Testa y que este grupo de personas tienen vinculación con el peligroso narco Damián Eguren”, publicó el sitio La Brújula24, el 18 de diciembre, en el que calificaba a los detenidos como integrantes de “una mega banda dedicada a la venta de estupefacientes en Bahía Blanca y Puán”.

Los familiares de los jóvenes detenidos en Puán aseguran que no son narcotraficantes, que no integran ninguna megabanda y que son víctimas de una causa fraguada armada por la policía de la provincia de Buenos Aires. Los familiares realizaron movilizaciones y marchas para reclamar la liberación de los detenidos.

“El reclamo se redobló cuando se enteraron que Kevin Torres, un joven considerado como el supuesto principal testigo de cargo se presentó ante la Justicia, acompañado por su padre, para decir que él “nunca declaró que los chicos vendían estupefacientes”, consignó el diario Página 12, días atrás, uno de los pocos medios nacionales que se hizo eco de la noticia.

Enorme valentía

“Queremos comunicar por este medio a la comunidad que esta semana mientras solicitábamos una reunión con los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal II y mientras estamos a la espera de la definición de esta Cámara, nos enteramos que Kevin Torres, quien hiciera una supuesta denuncia de los chicos, afirmando que comercializaban estupefacientes desde Guatraché, dando nombres e incriminando chicos en el comercio de estupefacientes, NUNCA HIZO ESA DECLARACIÓN. Kevin ni siquiera conoce a algunos de los chicos que se nombra en esa supuesta denuncia”, dijeron los familiares de los chicos en un comunicado.

“Kevin Torres con enorme valentía viajó con su papá a Bahía Blanca el día 5 de marzo a declarar y lo hizo ante dos sedes de la fiscalía. Una ante un fiscal de turno donde denunció el hostigamiento que viene sufriendo de parte de la policía y su preocupación al enterarse casualmente y por una familiar de uno de los chicos que su supuesta denuncia los incriminaba y que nunca en la comisaría de Puan se la mostraron cuando ha ido a preguntar preocupado por ese rumor, que nosotros como familiares habíamos leído en la causa. La otra declaración la realizó ante la fiscalía de Mauricio Del Cero, fiscal que empieza en base a esa denuncia la investigación.

Pedido de protección

El abogado Rodrigo Pomares, integrante del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria explicó a CyR que en realidad Kevin, es un joven que viene siendo sistemáticamente hostigado por la policía.

“Supuestamente, se le toma un testimonio, pero la policía lo perseguía lo hostigaba en forma permanente y le hacían firmar actas o declaraciones para dejarlo en libertad”, dice Pomares. De esa manera, se supone que se armó una declaración con su firma para dar inicio a la causa.

Pomares explica que en este caso se podría aplicar la doctrina de lo que se conoce como el fruto del árbol venenoso. Es decir, que si una causa se inicia a partir de un hecho ilegal, o cómo sería este caso, una falsa denuncia, se cae todo el expediente.

La Comisión por la Memoria participa en la causa junto a la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, y Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (LF).

En la presentación que se hizo ante la Cámara de Garantías se solicitó que Kevin se le brinde protección por parte de alguna fuerza de seguridad federal, ya que denunció a la policía de la provincia de Buenos Aires.

También se reclamó que se inicie una causa para investigar cómo se originó la falsa denuncia y que se ordene la excarcelación de los 14 detenidos, que están alojados en la cárcel de Bahía Blanca.