Por Gabriela Oprandi.

A.M.F tiene 20 años, consume fármacos desde los ocho y fue sometido a una medida de seguridad curativa. A.M.F está alojado en una cárcel común desde noviembre de 2011, y como él, otras tres personas que también presentan severos trastornos mentales, se encuentran en la misma cárcel, en la Alcaidía de la ciudad de Resistencia.

Por esta situación, el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela, denunció los casos de permanencia de personas declaradas inimputables en una cárcel común; por considerar que se están violando las pautas de tratamiento de enfermos mentales que fueron sometidos a medidas de seguridad por pedido de sus familias.

“El Poder Judicial y el Ejecutivo de la provincia, tienen conocimiento de la situación y no hacen nada. Desde el 19 de octubre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia provincial tuvo conocimiento de los casos de personas detenidas con alteraciones mentales, a través de un oficio que se elevó desde un juzgado de Resistencia”, explicó a Crimen y Razón Rolando Núñez, quien realizó la denuncia desde el Centro Nelson Mandela.

El joven A.M.F estuvo alojado en el Pabellón 6, donde el 26 de julio último se produjo un incendio. A partir de ese episodio, la madre de A.M.F, presentó un hábeas corpus contra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial argumentando que “su hijo es esquizofrénico, retrasado mental y que acarrea un severo deterioro del comportamiento significativo, además de padecer una epilepsia de tipo no especificada”.

Nuñez señaló que “el cuadro de salud mental y orgánica del detenido demanda una asistencia médica múltiple y permanente, de lo que lamentablemente está privado en su lugar de detención”.

A.M.F. ingresó a la Alcaidía en noviembre de 2011. Previo a eso, se realizaron trámites en la Clínica San Gabriel, pero desde allí –según Nuñez- informaron que no lo podían dejar porque no tenían cama. En mayo de este año, se ordenó el traslado del joven a la Prisión Regional de Seguridad del Norte (U7), para que recibiera un tratamiento adecuado, pero desde allí dijeron que no tenían cupo para asistirlo.

Según el Centro Mandela, los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial aceptaron que en la alcaidía no existe un lugar adecuado para asistir a A.M.F. o a cualquier otra persona sometida a una medida de seguridad curativa.

Además de A.M.F, los otros tres presos que padecen enfermedades mentales continúan allí a pesar de que no deben estar en la Alcaidía ni en ninguna cárcel que no tenga un área especializada para brindarles un tratamiento sanitario integral.

La denuncia fue acompañada por la presentación de un habeas corpus colectivo a favor de las cuatro personas. Ni bien se presentó el recurso, las personas fueron derivadas al Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando. Pero como el lugar no estaba acondicionado sólo pasaron allí un par de horas y luego fueron trasladadas nuevamente a la Alcaidía.

Para Nuñez «el gobierno local y nacional, transgredieron los derechos humanos de estas personas, porque naturalizaron la detención de los enfermos mentales en la Alcaidía. Y además no cumplen con los Tratados Internacionales incorporados en la Constitución Nacional”.