Por Rafael Saralegui.

El primer paso es el más importante. Ese fue dado ayer, cuando centenares de fiscales, jueces, defensores, abogados, empleados, estudiantes y funcionarios del Poder Judicial se convocaron en la Biblioteca Nacional bajo el lema «Una Justicia legítima», en lo que fue el germen de un movimiento que ahora es imposible decir hasta donde llegará.

El segundo paso se dará esta tarde, cuando a partir de las 14.30 se realicen los talleres previstos, más como una forma de ordenar el debate y la discusión, que por los resultados concretos que puedan esperarse de esas charlas. Para el cierre de la jornada está previsto la difusión de una declaración.

Los medios hegemónicos han calificado a los participantes de las jornadas como integrantes de la Justicia cercanos al kirchnerismo. Tal simplificación apesta. La mayoría de los convocados son personas de años en el Poder Judicial, de una trayectoria mucho más extensa que el ciclo kirchnerista. De todos modos, es posible que acompañen al Gobierno, por caso, en su política de impulso a los juicios por los crímenes de lesa humanidad.

Por eso Estela de Carlotto fue recibida con una ovación ayer en el comienzo de las jornadas. Simboliza una lucha por la vigencia de los derechos humanos que la totalidad de los que integran «Una Justicia legítima» comparten. Y también la ruptura de tradiciones y costumbres compartidas por ese ente difícil de atrapar y que se conoce como «la familia judicial».

Gils Carbó abrió las jornadas con respuestas a Lorenzetti.

Centenares de participantes de todo el país desbordaron el auditorio de la Biblioteca Nacional, ocuparon los pasillos, el hall y mantuvieron un espíritu festivo y de camaradería, asambleario, tan alejado del clima circunspecto que puede verse en los Tribunales. Sabían, eran conscientes, de ser parte de un proceso inaugural. Algo nuevo está surgiendo.

El movimiento se inició a mediados de diciembre como respuesta a un comunicado difundido por el sitio de la Corte Suprema de Justicia, cuando las tensiones entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de las Ley de Medios parecían haber llegado a su punto más alto por la buena recepción que tenían los reclamos del holding en la Cámara Civil y Comercial Federal, que es la que debe resolver si la norma es inconstitucional.

Más de 600 personas, entre académicos, jueces, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial firmaron dos declaraciones para rechazar el comunicado impulsado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y se convocaron para el encuentro que se inició ayer.

Cualquier estudiante de Derecho sabe, aunque el lecto común no tiene porque saberlo, que el sistema de Justicia se integra por tres patas: jueces, fiscales y defensores oficiales. Los titulares de dos de esa tres patas se encuentran enfrentadas con la tercera. Las principales impulsoras del encuentro son la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quienes abrieron y cerraron las exposiciones de ayer.

Durante su discurso la jefa de todos los fiscales nacionales pidió terminar con los «lobbies oscuros que mueven los hilos de la magistratura» y reclamó «una justicia legítima en la que no haya feudos, padrinazgos, ni familia judicial». Y en lo que fue una respuesta al discurso de apertur del año judicial dado por Lorenzetti el martes 26, cuando dijo que los magistrados debían ubicarse por encima de las peleas de vecinos, Gils Carbó abundó: «Se requieren más debates que consensos, más discusión que unidad corporativa».

Uno de los temas concretos de discusión, por ejemplo, fue terminar con la excepción que permite a los magistrados contra con el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias. El tema fue mencionado por Carlotto cuando dijo que los jueces debían abonar el tributo como el resto de la sociedad. Otra de las discusiones fue la modificación de los mecanismos de acceso a los puestos, a través de concursos públicos. De manera que los nombramientos no quedan a criterio de jueces amigos y conocidos, como ocurre en la actualidad.

Esos temas se debatirán esta tarde cuando se realicen los talles previstos. También está pensado discutir el concepto de “independencia judicial”, los mecanismos promoción y disciplinarios en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, la democratización y participación ciudadana en el sistema de administración de Justicia, políticas de transparencia, rendición de cuentas y presupuesto, entre otros temas que aparecen en la agenda.

Los participantes de la jornada difundieron anoche un comunicado en el que expresaron que “los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción”.

Dijeron también que “rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de “Justicia Legítima.” Así se habilita el escenario de un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar  muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana”.

Esta noche darán a conocer una nueva declaración y posiblemente cuáles serán los próximos pasos. El camino recién se inicia.