El fiscal federal Jorge Di Lello presentará hoy un escrito al juez federal Ariel Lijo para que llame a prestar declaración indagatoria al vicepresidente Amado Boudou en la causa por la que se investiga la venta de la imprenta Ciccone, actualmente en manos del Estado.
Di Lello también le pedirá al juez que cite como imputado al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. A los dos los acusará de negociaciones incompatibles con sus cargos de funcionarios públicos, según informa el diario La Nación.
Según la acusación, Boudou, cuando era ministro de Economía, «se interesó» indebidamente en el trámite del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. No lo acusará de haber sido su dueño en las sombras, pero sí de haber intervenido en el plan ideado para salvar a la empresa y para contratar después desde el Estado la fabricación de billetes.
En cuanto a Echegaray, la acusación en su contra consiste en haberle dado un trato impositivo preferencial a la nueva Ciccone.
Boudou ya sabe que hoy pedirán su citación. Lo llamaron sus abogados ayer. Eduardo Durañona, uno de ellos, había estado por la mañana en la fiscalía. Más de media hora, en una reunión a puertas cerradas, agrega el matutino.
Una vez que el escrito esté presentado, el juez decidirá si hace lugar a las citaciones. La lista de los candidatos a ser indagados que preparó la fiscalía incluye también a otras nueve personas; entre ellas, Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, y dos yernos suyos; el socio de Boudou José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro del vicepresidente, Alejando Vandenbroele.
De todos modos, pese a la presentación del fiscal el juez Lijo no tiene plazo para contestarle al fiscal; ni siquiera tiene la obligación de hacerlo. «Vamos a leer el escrito que presente y después estudiaremos la situación», dijo, sin ningún ánimo revelador, una fuente del juzgado.
Lijo tiene ordenada una serie de declaraciones de testigos que termina en mayo, por lo que es probable que no llame a los acusados por el fiscal y mantenga en pie el cronograma que tenía pedido.
Entre los argumentos que Di Lello planea esgrimir para que se cite a Boudou como imputado está también la necesidad de que pueda defenderse y se defina su situación, máxime dado su cargo y toda la información que ha circulado sobre él, relató una fuente que conoce los planes de la fiscalía.
Di Lello no tiene previsto hacer propia la versión de los Ciccone, que señalaron a Boudou como el hombre que les robó su imprenta. Para el delito de «negociaciones incompatibles» basta con que el funcionario se haya interesado «en miras de un beneficio propio o de un tercero», en cualquier contrato u operación» en la que hubiera intervenido por su cargo.