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El atentado sigue impune.
Con bajo perfil, semanas atrás un grupo de funcionarios de la secretaria del caso AMIA a cargo del radical Mario Cimadevilla viajaron a La Haya, Holanda para conocer todos lo que debe saberse sobre la modalidad del «juicio en ausencia», camino que el Gobierno ha elegido como potencial salida en el caso AMIA; que se juzgue a los terroristas iraníes acusados aunque ellos no se encuentren presentes.
Cimadevilla envio a Holanda a un equipo mínimo encabezado por el abogado Athos Aguiar que fue consejero de la magistratura bonaerense, asesor del ex consejero de la Magistratura de la Nación Daniel Ostropolsky y actual mano derecha del chubutense en la secretaría de Estado.
En el Congreso ya hay varios proyectos presentados para impulsar el juicio en ausencia. Uno de ellos fue redactado por la ex diputada y actual directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Días antes del viaje de los funcionarios argentinos, el régimen iraní informó al Gobierno que había cumplido con sus obligaciones al ratificar el memorándum firmado con la Argentina. Ese memorandum, rebatido judicialmente y ya dado de baja, establecía que los jueces y el fiscal de la causa viajaran a Irán para interrogar a los sospechosos.
El gran desafío que afronta el Gobierno es que el juicio en ausencia, es decir sin la presencia de los acusados, nunca se aplicó en la Argentina, ni siquiera en el caso de los militares que cometieron las más graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
La norma, que existe en Francia e Italia, por ejemplo, consiste básicamente en que el Estado le asigna defensores a los acusados y éstos actúan, obviamente sin la designación ni la declaración ni las indicaciones del imputado.
De hecho, hubo un único juez que sugirió la aplicación del juicio en ausencia. En el fallo en que votó por la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento, el camarista Eduardo Farah lo marcó como una posibilidad.
En Holanda, Aguiar se reunió a solas con un funcionario argentino de los tribunales de La Haya que le proporcionó todos los antecedentes internacionales sobre juicios en ausencia.
Ahora con estos datos el oficialismo estaría en condicones de elaborar un nuevo proyecto que será sometido al Congreso en el segundo semestre.
