La empresa simuló contrataciones para pagar las coimas.

En el marco del escándalo de corrupción que mancha a Siemens por la fabricación de DNI –una causa que data de tiempos del menemismo–, la Sala II de la Cámara Federal de (integrada por los jueces Horacio Cattani y Eduardo Farah) aceptó revisar la situación de Herbert Hans Steffen, ex titular de la filial argentina de la multinacional alemana Siemens acusado por el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Carlos Menem para la contratación de los nuevos documentos de identidad.

Además, el 23 de diciembre del año pasado, el juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento de 17 imputados: Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares, del Grupo Siemens; Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios; y Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy, de lo que la Justicia señaló como “la empresa competidora en la licitación que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services S.A.”.

Pero en esa ocasión el juez Lijo postergó la decisión sobre Steffen porque este había planteado una “excepción de cosa juzgada” que debía ser resuelta por la Cámara Federal (y ahora por la Casación). Al declarar ante Lijo, Steffen pidió que “se considere que los hechos que se le imputaban ya fueron investigados por la Fiscalía de Munich”. Sus abogados, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, sostuvieron que en Alemania el expediente ya fue archivado, pero la Justicia argentina replicó que “en un primer momento la Fiscalía de Munich consideró que había un interés en la persecución penal al ser adecuado el hecho que se le imputaba en un supuesto de complicidad en la administración desleal de una empresa y por ende de criminalidad reducida”, aunque “entendió que ese interés podía ser suprimido mediante la imposición de ciertas condiciones e indicaciones”. Cumplidas esas resoluciones de la Justicia alemana, “se dispuso archivar las actuaciones, quedando suprimido el interés público en la persecución y estableciendo que el hecho no podrá ser perseguido como delito menor”.

En la causa se investiga la existencia de un acuerdo económico entre los empresarios de Siemens con funcionarios del gobierno argentino. Según el fallo de la Cámara, el objetivo del acuerdo económico era que “una de las filiales locales de la multinacional alemana, Siemens It Services S.A., resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la ‘Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas’”.

En los últimos días de diciembre de 2013, Siemens informó que los procesados por el pago de coimas habían sido separados, y que “siempre colaboró con la Justicia proveyendo la información requerida por el juez”. Pero no hubo declaraciones puntuales sobre el caso, de parte de los directivos de la empresa. “Lo único que queremos dejar en claro es que los procesados fueron separados de sus puestos en Siemens y ninguno sigue en la empresa”, rezaba un comunicado.

En ese momento, el juez Lijo probó “la implementación de un sistema que justificó los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales”. Según informó entonces el Centro de Información Judicial (CIJ), un grupo “brindó un conjunto de sociedades con las que Siemens firmó contratos ficticios por servicios que jamás le fueron brindados para poder canalizar los pagos investigados. Ello permitió brindar un marco de legalidad a las transferencias realizadas ya que las empresas utilizadas expidieron facturas por servicios que no prestaron”. También pudo acreditarse que existió “un acuerdo económico al que arribaron integrantes de Siemens con integrantes del grupo económico SOCMA (de Franco Macri) (titular del 100% de las acciones de Itron Inversora S.A., al mismo tiempo titular del 99,9% de las acciones de la empresa Itron S.A.) a cambio de que la principal competidora, UTE Itron, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., permitiera la contratación de Siemens It Services S.A., sin efectuar impugnación alguna”.

En la resolución, el juez Lijo había anotado que hubo 60 pagos de 106.302.706 dólares “destinados tanto a quienes actuaron como intermediarios como a miembros del gobierno nacional de aquel momento que intervinieron en el proceso licitatorio”.