Los denunciantes mencionan a Franco Macri.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el viernes una serie de allanamientos vinculados con una denuncia sobre un supuesto fraude en la contratación de seguros para ferrocarrilles en el Ministerio de Transporte, que encabeza Guillermo Dietrich.

En un primer momento se pensó que uno de los operativos realizado en Puerto Madero estaba vinculado con la declaración indagatoria del mediático Leonardo Fariña, aunque luego se aclaró que el procedimiento estaba vinculado con otra causa.

La denuncia fue realizada por el abogado Juan Pablo Marrocchi días atrás y según el texto del escrito podría salpicar a Franco Macri, el padre del Presidente. El monto de los seguros contratados alcanza a los 300 millones de pesos y los denunciantes sostienen que superan los valores del mercado.

Como parte de los operativos fueron allanadas varias dependencias del Ministerio de Transporte, tal como pidió la fiscalía en el dictamen enviado a Casanello, para secuestrar documentación de los contratos.

La denuncia refiere que Marcelo Orfila, presidente de la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (Sofse), que depende del Ministerio de Transporte, firmó el convenio por el cual «se otorgó con exclusividad a la firma AON Risk Service S.A.» la gestión de seguros de las líneas ferroviarias.

El abogado sostuvo que Jorge Juan José González Galé (gerente de AON Risk) sería asesor del actual Superintendente de Seguros de la Nación, Edgardo Podjarny, y que además tiene una relación «de amistad y negocios» con Franco Macri.

González Galé habría sido el titular de la empresa Rimaco, el broker de seguros del grupo Socma, perteneciente a la familia Macri, antes de que fuese adquirido justamente por AON Risk Service, donde continuó trabajando, según los denunciantes.

En su dictamen el fiscal Federico Delgado escribió que «si bien se anunció públicamente que se trataba de un acuerdo gratuito para el Estado Nacional, las circunstancias permitirían presumir que habría un negocio millonario detrás, destinado a defraudar a la administración pública en el futuro pago de las primas por encima de los precios de mercado, pudiendo existir otras numerosas operaciones similares en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación».

«La contratación objeto de la denuncia superaría los 300 millones de pesos anuales y aseguraría a la empresa AON Risk Service S.A. una comisión de entre 30 y 45 millones de pesos», agregó Delgado en su dictamen, con fecha del 30 de marzo, y al que tuvo acceso Crimen y Razon.

Los denunciantes dijeron que la contratación se realizó en forma directa, sin llamado a licitación, y sin respetar el régimen de contratación de la operadora ferroviaria.

Además Orfila, presidente de Sofse, había dejado sin efecto una disposición del gobierna anterior que obligaba a las empresas estatales a contratar las pólizas con Nación Seguros. La denuncia alcanza también a Juan Velarde, presidente de la filial local de AON Risk Service, una de la compañías del rubro más grandes del mundo.

Los allanamientos

Uno de los allanamientos fue realizado en el edificio situado en Juan Manso y Emma de la Barra, en Puerto Madero, en el edificio Colonos Norte, donde tiene sus oficinas la filial local de la empresa AON Risk Service.

Durante el viernes hubo una confusión porque se suponía que el allanamiento estaba vinculado con la declaración de Fariña en la causa por la cual se investiga al empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, aunque luego se supo que los operativos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaban vinculados con esta causa.

Fuentes que conocen la denuncia dijeron que además se allanaron oficinas que Sofse (la operadora estatal de los ferrocarriles) alquiló en Puerto Madero. En Retiro se allanó la presidencia y la secretaría general de la empresa, de donde se habrían llevado documentación, que ahora será analizada para verificar lo dicho por los denunciantes.