La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la ex presidenta Cristina Fernández contra su procesamiento y multimillonario embargo por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública al grupo empresario encabezado por Lázaro Báez.
El fallo del máximo tribunal penal pone a la ex presidenta en la antesala del juicio oral y público como «coautora del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública».
La Sala IV del tribunal, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó nuevamente el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini y el embargo por diez mil millones de pesos sobre la ex mandataria.
En la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral (de Báez) en la provincia de Santa Cruz. La Sala rechazó también otros dos recursos planteados por la defensa de Báez, entre ellos un pedido de nulidad de su propia declaración.
La causa por la que ahora la Casación despejó el camino hacia el juicio oral gira sobre la supuesta existencia de «una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez por más de 46 mil millones de pesos».
Por los mismos hechos ya están procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos detenidos en relación con otros expedientes.
Casación registró la «reserva del caso federal», es decir el planteo previo de la ex presidenta para recurrir, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras, el fiscal federal Germán Moldes apeló ante la Cámara Federal la «falta de mérito» a favor de nueve imputados en la misma de la obra pública.
En su dictamen, Moldes aludió al anterior gobierno como una «pandilla de malandrines y deshonestos» que evaporó «cuantiosas y descomunales cifras de dinero público».