Moreno fue procesado por abuso de autoridad.

Al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno sólo le queda recurrir a la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara este lunes su condena por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Por mayoría, con los votos de Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, la Sala II del máximo tribunal penal federal del país ratificó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que en su momento condenó a Moreno a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.

La única instancia pendiente para una eventual revisión es la Corte Suprema de Justicia. De quedar firme, Moreno quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por el plazo estipulado. Mientras tanto, depende también de lo que ocurra en el Congreso con el proyecto Ficha Limpia, ya que de aprobarse tampoco podría ser candidato a cargos electivos.

La defensa del exfuncionario tiene diez días hábiles para presentar un recurso extraordinario, que Casación lo acepte y eleve el caso al Máximo Tribunal. En caso de que eso no suceda, puede llevar el caso a la Corte mediante un recurso de queja, pero las posibilidades de que sea tratado son menores.

Con repetidas apariciones en programas de televisión y en streamings de internet, Moreno lanzó su propia línea interna en el peronismo, Principios y Valores, y se dedicó a tirarle centros a la vicepresidenta Victoria Villaruel, en lo que se supone es un intento por atraer militantes libertarios.

El fallo

La jueza Ledesma destacó que el fallo del tribunal oral “merituó con fundamento” la prueba reunida, señalando el “marcado interés” de Moreno en influir en el funcionamiento interno del INDEC, un organismo que no estaba bajo su órbita directa.

Durante el juicio se acreditó que los funcionarios del INDEC debieron adoptar múltiples medidas de resguardo del secreto estadístico debido a “los constantes embates que recibían por parte de Moreno a través de llamados, requerimientos e imposiciones”.

Además, el fallo remarcó que el exfuncionario tenía una “necesidad particular, más allá del interés público”, de conocer la identidad de los informantes que aportaban datos sobre precios, así como las marcas específicas relevadas para el IPC.

Ledesma subrayó que los técnicos del INDEC terminaron alejándose del organismo, muchos de ellos con licencias, y que las mujeres fueron quienes más frecuentemente sufrieron destratos y desplantes del exsecretario. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia.

Moreno buscó «imponer cambios en el modo de llevar adelante la elaboración del índice» cuando era ajeno al organismo.