Carrió puede perjudicar a Macri con su denuncia.

Un mes esperó la diputada nacional Elisa Carrió para tirar la primera bomba. Una de las tres patas de la alianza Cambiemos que llevó al Gobierno a Mauricio Macri denunció hoy al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Carrió aseguró en su denuncia que existe «un sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema», y basa su afirmación en documentación proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La denuncia de la legisladora tiene efectos políticos, ya que el propio presidente Macri se reunió a poco de asumir con Lorenzetti, luego de haber designado a dos candidatos a integrar el máximo tribunal por un decreto de necesidad y urgencia.

En ese encuentro se acordó que se postergara la jura de los nuevos ministros de manera de permitir que el Gobierno negociara con los legisladores de la oposición la aprobación de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horario Rosatti, para que no se hiciera efectivo el decreto de Macri, criticado por constitucionalistas de todas las tendencias.

La denuncia asegura que lal documentación presentada permite sospechar por parte de Lorenzetti la percepción de rentas provenientes de un plazo fijo establecido en la filial
estadounidense del banco suizo Credit Suisse.

Según Carrió, el presidente de la Corte Suprema se habría beneficiado con la Ley 26.476, dictada durante el gobierno anterior, para realizar el blanqueo de dichos capitales.
Además de Lorenzetti, y de acuerdo a la denuncia de la legisladora, estarían también involucrados en los delitos el Secretario General de la Administración del Máximo Tribunal,
Héctor Daniel Marchi y «otros funcionarios que pudieron tener participación».

Marchi, un hombre de extrema confianza de Lorenzetti, fue incluido en la denuncia por no  declarar un inmueble ante la AFIP y por omisiones en la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.

Lo llamativo de la denuncia es que Carrió utiliza documentación supuestamente aportada por la AFIP cuando era dirigida por Ricardo Echegaray, actual titular de Auditoría General de la Nación (AGN), a quien la diputada objetó públicamente para ocupar ese cargo por su pasado kirchnerista.

La llegada de Echegaray a la AGN tampoco es una buena noticia para Lorenzetti, ya que el organismo deberá auditar las cuentas del máximo tribunal. La investigación que había realizado la AFIP dio pie a una causa judicial por supuesta presiones al titular del máximo tribunal.

En primera instancia, el juez Sergio Torres sobreseyó a Echegaray, pero luego  la Sala II de la Cámara anuló el fallo y le pidió al juez que tomara medidas para investigar si esa supuesta presión fue tal; también, si Echegaray violó el secreto fiscal cuando hizo públicos datos sobre Lorenzetti.

Firmaron esa sentencia los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Pero luego, en julio de 2015, el juez Torres dictó un nuevo sobreseimiento, que finalmente quedó firme debido a que el fiscal Carlos Stornelli decidió no apelar esa medida.