Lorenzetti otra vez en la mira.

La pelea entre la diputada nacional Elisa Carrió y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sumó el viernes un nuevo capítulo cuando la líder de la Coalición Cívica le pidió a la jueza federal María Servini de Cubría -también enfrentada con el ministro del máximo tribunal- que, en la causa por irregularidades en el programa Fútbol para todos, amplíe la investigación a supuestas transacciones de una mutual santafesina.

Se trata de una ampliación de denuncia en la que la legisladora le pidió a Servini de Cubría que ordene medidas para determinar si hubo operaciones por parte de la mutual «Pyme rural», en las que habría estado involucrado Lorenzetti, por unos 400 mil pesos a fines del 2015.

Esa mutual está siendo investigada por la jueza Servini de Cubría porque se encontraron allí cheques del programa Fútbol para Todos, en lo que se presume podrían ser maniobras de lavado de dinero.

La juez sostuvo en varios reportajes que el fallo de la Corte Suprema que ratificó el límite de 75 años para que se jubilen los jueces está destinado a ella porque está investigando a Lorenzetti.

En el escrito Carrió aludió a sociedades de las que participarían el ministro de la Corte y otras cinco personas que, junto a Lorenzetti, habrían sido parte de una sociedad, «Apreme SRL», en 1996.

«Es de extrema gravedad que el presidente de la Corte Suprema pudiera integrar una mutual que se encuentra involucrada en el manejo del cambio de cheques del Fútbol para Todos, por eso requerimos a la Justicia que trabaje para echar luz sobre este tema», afirmó Carrió en su presentación.

Además, la diputada de la CC entendió que «esto es consecuencia de la falta de transparencia en el patrimonio de los jueces de la Corte», la que atribuyó al hecho de que el máximo tribunal «decidió excluirse de la Ley de Ética Pública y recorta la información que debe dar a publicidad».

La embestida de Carrió contra Lorenzetti había sumado ya un nuevo capítulo el miércoles último, cuando la legisladora presentó formalmente, por mesa de entradas de la Cámara baja, un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema por presunto mal desempeño de sus funciones, decisión que fundamentó en la necesidad de «terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República».

El planteo de Carrió surgió luego de que el magistrado le enviara una carta-documento a la líder de la Coalición Cívica y otra a la jueza federal Servini de Cubría, para exigirles que, «en un plazo de 24 horas», desmintieran públicamente «falsas acusaciones» sobre supuestos «aprietes» y «presiones» del juez contra la magistrada y la legisladora, a las que consideró «gravemente lesivas» de su «honor» y de su «imagen personal».

En una carta que dirigió al presidente Mauricio Macri y que luego difundió públicamente, Carrió cuestionó el fallo, le atribuyó al titular de la Corte Suprema -con quien mantiene un público enfrentamiento, manifestado en diversas denuncias en su contra- intenciones «espurias», y pidió la continuidad en el ejercicio de sus funciones tanto de Servini como del camarista platense Leopoldo Schiffrin.

En tanto, Servini de Cubría salió a denunciar «presiones» en su contra a raíz de la denuncia presentada por Carrió contra el titular de la Corte Suprema -que tramita en su juzgado y en el marco de la cual la diputada presentó ahora una ampliación de denuncia- y aseguró tener conocimiento de que otros magistrados también fueron supuestamente «apretados» para «cerrarle causas» a Lorenzetti.

En el escrito que presentó ahora ante el juzgado a cargo de Servini de Cubría, Carrió amplió una denuncia que ya había realizado a fines de diciembre de 2015, advirtiendo que «Lorenzetti, que integraría Pyme Rural desde abril de 2015, habría realizado operaciones con esta mutual por un volumen cercano a los 400 mil pesos».

Además, afirmó que las operaciones en la mutual fueron realizadas por sociedades en las que participan Carlos Tita, Gustavo Tita, Reynaldo Casabella, José Abdullatif y Leonardo Luis Parra, que -subrayó- «tienen en común haber conformado la sociedad Apreme SRL en 1996, junto con el propio Lorenzetti«.

«Sólo las operaciones de estas personas jurídicas sumarían en total más de 100 millones de pesos», sostuvo la diputada y líder de la Coalición Cívica, integrante del frente oficialista Cambiemos.

En el último tramo del documento presentado ante la Justicia, la diputada solicita que se arbitren los medios para que se realice un allanamiento a las oficinas de las personas jurídicas Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo El Zonda Limitada, y Agropecuaria Monte León S.A., a los efectos que se secuestren actas directivas, actas de asamblea, balances, y registro de operaciones realizadas.