En Balcarce 50 deslizan que Eliza Carrió ya acordó con el presidente Mauricio Macri que tras el Mundial de Rusia se activen con fuerza las causas judiciales que protagoniza el ex gobernador Daniel Scioli.
El móvil de la diputada no es tanto una cuestión personal contra el ex candidato presidencial (como sí sucede con Ricardo Lorenzetti), sino que Carrió entiende que Scioli no ha tenido un escarmiento público por las condiciones en las cuáles entregó la provincia de Buenos Aires y que entonces ese pase de factura debe ser judicial.
Como otras cuestiones que eleva Carrió a sus diálogos con Macri, quien previamente avaló esta idea fue Fabian Rodríguez Simón, asesor VIP de Cambiemos para este tipo de cuestiones.
Rodríguez Simón está particularmente interesado en el empresario Ricardo Miller, quien se vió favorecido en múltiples licitaciones que Scioli impulsó como gobernador.
Hace una semana el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta pidió que a Scioli se le prohíba salir del país y se lo inhiba por 189 millones de pesos, en la causa que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas. El pedido fue formulado a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien ahora deberá definir si acepta o rechaza la solicitud de la fiscalía.
Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión, «ingresó al juzgado a última hora de hoy, por lo que Garmendia lo resolverá la semana próxima».
El pedido de prohibición de salida del país y de la inhibición por 189 millones de pesos incluye también al exministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Miller, de quien Garganta sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPAs.
Collia, Miller y Scioli ya presentaron sus escritos de descargos ante la fiscalía, luego de lo cual se deberá definir si tienen que ser procesados.