La causa se inició en el año 2000.

El fiscal de instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, solicitó la elevación a juicio de la causa que se sigue contra ex miembros de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires por los delitos ocurridos luego de la venta fraudulenta del predio de “La Rural”.

Se trata los funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al momento del otorgamiento del crédito Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarre, Victorio Carlos Migliaro, Juan María de Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial, y de los directivos de la SRA y sus empresas allegadas Enrique Claudio Crotto, Horacio Foster, Alfredo Miguel O´Farrel y Raúl Etchebehere.

En un escrito de más de 160 páginas, el fiscal realizó un detalle de los pormenores judiciales por los que atravesó tanto la causa (iniciada en el 2000), como los distintos actos presumiblemente delictivos en los que habrían incurrido los representantes de la SRA, como los funcionarios de los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones.

Además, describió las conductas delictivas en las que habrían participado los ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al otorgar un crédito de millones de dólares a la SRA y sus empresas.

Campagnoli solicitó a la justicia “la inmediata entrega del predio al Gobierno de la Ciudad -como administrador directo y originario de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional- para que lo rehabilite para el uso y goce propios de su condición de bien de dominio público”, y “la anulación del registro de los planos de obra aprobados oportunamente por el GCBA para la construcción del emprendimiento comercial de la SRA y la anulación del otorgamiento del crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose la deuda de La Rural S.A.-Ogden S.A. en actualmente exigible”.

Desde el comienzo, el fiscal especificó que “el trámite de esta causa fue una vergüenza judicial, enmarañada en interminables cuestiones de competencia, en reiterados incidentes de prescripción y en eternas apelaciones, donde nada parecía resolverse sino más bien complicarse para dejar a la deriva esta investigación”.

A Sánchez, Pifarré, Bugallo, Migliaro, Anchorena, Lusich y Rial, por ser presidente y miembros del directorio del Banco Provincia respectivamente, se les endilga haber violado los deberes a su cargo «perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado». Esto se refiere a la concesión de un préstamo por 106 millones de dólares a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por La Rural y Ogden Argentina SA en septiembre de 1998.

El crédito se les otorgó para la construcción de un centro de exposiciones y entretenimiento en el predio. Sin embargo, el megacomplejo no sólo no existía, sino que financiaría un “millonario y ambicioso proyecto privado tenido en miras desde sus primeros actos de malversación”.

En este sentido, señaló que “la viabilidad del proyecto en su totalidad resultaba poco menos que improbable ya que la incertidumbre misma de un trámite municipal plagado de ilegalidades y mantenido oculto a duras penas, había obligado a sus protagonistas a escalonar la aprobación final de los planos en tres etapas de las cuales, a la fecha del otorgamiento del crédito, sólo se había registrado la primera, vislumbrándose ya el escándalo que habría de convertir en imposible el inicio de la tercera y última sección del proyecto que contenía justamente aquellos usos comerciales que los propios interesados calificaban de esencial para que ‘cerraran los números del negocio’”.

El fiscal puntualizó que el crédito otorgado se trataba de uno de los mayores préstamos aprobados a un privado con asunción de un riesgo ajeno a los parámetros más extremos de la actividad financiera y garantías precarias. Además, fue concedido a una tasa muy baja y a un plazo más que considerable, “que ni siquiera se habría de ejecutar dentro del territorio de la provincia”.

Por otra parte, a los directivos de La Rural Foster, Huber, Crotto, O’Farrell, Etchebehere y Del Castillo se les atribuye haber tomado «inciertos» los derechos acordados con el Estado, tras la adquisición «a un precio vil» (30 millones de dólares) del “Predio Ferial de Palermo”, así como el haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, en un claro perjuicio a la economía del país.

En diciembre de 1995, la Sociedad Rural le otorgó la explotación y derechos a la UTE y, cambio de zonificación mediante, se especificó en un expediente del Ministerio de Economía que el predio iba ser destinado a la construcción de un “centro de compras, entretenimiento, parque de diversiones, cines, teatros, etcétera”.

Estás no eran las condiciones pactadas al momento (ya que se había efectuado la misma para la construcción y funcionamiento de un “centro nacional de exposiciones y congresos”) sino que hasta el día de hoy, ese megacomplejo jamás se terminó.

Además, a Foster, Hubert, Crotto, O’Farrel, Etchebehere también se les imputa el haber tornado imposible el cobro del crédito de los 106 millones que otorgó el Banco de Provincia y haber administrado fraudulentamente, en perjuicio de los socios, a la “Sociedad Rural Argentina”, a través de la modificación sustancial de las condiciones de venta del predio.

Fuente: Fiscales.