| Comienza el jury por mal desempeño

Campagnoli está confiado en “poder dar vuelta el juicio”

Dice que lo único que hizo fue investigar. Asegura que se usaron recursos del Estado para desprestigiarlo. Investigó al empresario Lázaro Báez y lo acusan de desviar el objeto de la causa.

A horas del comienzo del jury de enjuiciamiento en su contra, el fiscal suspendido José María Campagnoli se declaró confiado en que se lo restituya en su cargo y apuntó al oficialismo, al señalar que se “han puesto recursos del Estado al servicio” de su “difamación”.

“Todas estas denuncias que surgen en medios oficialistas son parte de la defensa de un socio del poder (en alusión a Lázaro Báez, un empresario cercano al matrimonio Kirchner, acusado de haberse beneficiado con sobreprecios de la obra pública). Todo hace pensar que han puesto recursos del Estado al servicio de mi difamación”, aseveró el fiscal suspendido, en una entrevista con el diario La Nación.

Campagnoli formuló estas declaraciones en alusión a una publicación en su contra en el diario Página/12 y en la víspera del inicio del jury de enjuiciamiento, impulsado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La jefa de los fiscales federales impulsó el proceso en contra de Campagnoli por “mal desempeño en sus funciones”, debido a su actuación en la investigación de la causa por lavado de dinero que involucra a Báez, un caso sobre el cual no tenía competencia para actuar.

“Estoy confiado; tengo fe de que podemos dar vuelta el juicio”, señaló el suspendido fiscal y sostuvo que “lo único” que hizo “fue investigar”.

Este lunes comienza la etapa decisiva del proceso contra Campagnoli, ya que se llevará a cabo la primera de las audiencias del jury, que definirá sobre el futuro de la carrera del fiscal.

Campagnoli había sido suspendido en diciembre de 2013 por cuatro votos contra tres de los siete integrantes del jury.

En esa oportunidad, decidieron suspenderlo Ernesto Kreplak, presidente del Tribunal y representante del Poder Ejecutivo; Daniel Adler, fiscal general designado por sorteo en representación del Ministerio Público; Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado; y María Cristina Martínez Córdoba, designada por sorteo en representación de la Defensoría General de la Nación.

En contra habían estado Juan Octavio Gauna, exprocurador general designado por la Corte Suprema; Rodrigo Sebastián Bacigalupi, designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; y Adriana Olga Donato, designada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.


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