Daniel Adler, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento contra el suspendido fiscal José María Campagnoli, aseguró que «es una situación prevista legalmente» la derivada de la enfermedad de uno de los integrantes del cuerpo.
En este marco, consignó que «el reglamento establece que el Tribunal no puede sesionar durante un juicio sin uno de sus miembros» y sostuvo que, como consecuencia la licencia por razones de salud de la Defensora General María Cristina Martínez Córdoba, fue requerida la presencia del juez suplente de este estamento, Leonardo Miño, defensor del fuero federal penal de San Martín.
«La ley prevé en estos caos que el juicio debe reiniciarse en situaciones en que hayan pasado diez días porque se pierde continuidad y, además, el juez no ha tomado contacto directo con la prueba, pero pueden haber mecanismos alternativos», explicó esta mañana Adler en diálogo con la radio FM Vorterix.
En este sentido, mencionó como opciones la posibilidad de la «incorporación por lectura de las versiones taquigráficas o las videofilmaciones» de los testimonios, aunque sostuvo que «son todas evaluaciones hipotéticas» dado que «habrá que ver qué pasa cuando se reanude el juicio».
De hecho, el fiscal y titular del Tribunal de Enjuiciamiento insistió en señalar que el cuerpo debe resolver «de acuerdo con lo que las partes presentan» y aclaró que eso no ocurrirá un día determinado -como el viernes, según indicaban distintas versiones periodísticas- sino que «día a día se resuelven las peticiones de las partes».
«Hay dos posibilidades: que tengamos que comenzar un juicio de nuevo o que podamos reiniciar el juicio. Es una cuestión que tenemos que escuchar lo que las partes planteen y también el tribunal va a tener que decidir», precisó Adler.
Por otro lado, volvió a bregar por que el procedimiento que se realiza en relación a la conducta de Campagnoli transcurra con «razonabilidad republicana» y remarcó que, si bien «uno puede tolerar la crítica republicana», cuando «se llega a la situación de la amenaza, del agravio, de la columna y de la injuria, se pasa el límite de la crítica republicana».
«Nosotros tenemos que fallar conforme a derecho. La cuestión de los mensajes es un tema que tiene más que ver con lo colombófilo que con el derecho. Acá no somos palomas mensajeras los jueces sino que tenemos que juzgar la conducta de un magistrado que ha sido acusado por una procuradora en base a la acusaciones de cinco fiscales generales», planteó Adler.