Por Javier Sinay.

Luego de la feria de judicial de enero, la provincia de Buenos Aires concretará el viejo sueño del juicio por jurados: así lo establece la ley sancionada en el Senado bonaerense, que indica que quince días después de publicada, el nuevo sistema debe entrar en funcionamiento. De este modo, se establece la implementación de un jurado de 12 ciudadanos sin formación jurídica, que deberá fijar su postura respecto a la inocencia o culpabilidad en casos de delitos graves, con penas superiores a los 15 años de prisión. El jurado será sorteado del padrón electoral y contará con la instrucción previa de un juez para participar del proceso.

El proyecto fue originalmente co-redactado por la organización de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y el Ministerio de Justicia de la Provincia, y fue presentado con algunas modificaciones por el Ejecutivo bonaerense en mayo de 2012. Después, en la Cámara de Diputados, durante una audiencia pública con participación de expertos, se introdujeron nuevas modificaciones.

Se trata de la reforma más importante en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires desde que se establecieron los juicios orales y públicos y se determinó que las investigaciones queden en manos de los fiscales, controlados por los jueces de garantías.

Para Iván Budassi, miembro del Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense, la implementación del juicio por jurados legitimará los procesos y les dará transparencia. “Hay que tener presente que el juicio por jurados es un derecho que tiene el imputado”, dice el diputado ante Crimen y Razón. “Si el imputado no dice nada hasta el momento de la elevación a juicio, tendrá un juicio por jurado, pero también puede optar por un juicio técnico, sin jurado. Esa es una decisión estratégica y los abogados vamos a tener que aprender a litigar con este nuevo elemento”.

Los juicios por jurados existen en Córdoba desde hace nueve años.

El sistema establece que cada parte tendrá la posibilidad de recusar con causa a los jurados, pero también de hacerlo sin causa sobre un máximo de cuatro jurados. “Otra cuestión interesante”, sigue Budassi, “es que los abogados vamos a tener que aprender a hablar en castellano y no en ese argot que nadie nos entiende: ahora tendremos que hablar sobre los hechos para convencer al jurado”.

El juicio por jurados está mencionado en la Constitución Nacional de 1853, pero nunca fue implementado, salvo en casos aislados. En la provincia de Córdoba, este modelo procesal funciona hace nueve años. Hace un tiempo, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia cordobés difundió un informe estadístico que señala que entre 2005 y 2011 hubo 215 procesos penales resueltos con participación popular; en 33 de esos casos (15,35%) el veredicto fue absolutorio, mientras que hubo 182 condenas (84,65%). En el sistema cordobés se selecciona un total de doce jurados por juicio (ocho titulares y cuatro suplentes), y participaron activamente de este sistema de enjuiciamiento 2580 ciudadanos, lo que implicó un gasto de 28.971 pesos por juicio durante el año 2011, incluyendo gastos de convocatoria, dieta a jurados y sueldos del personal judicial afectado a esas tareas. A la vez, en Neuquén se ha establecido recientemente la elección par a par de magistrados, la oralización completa de los procesos y el juicio por jurados.

Para Andrés Harfuch, vicepresidente de la AAJJ y miembro de la junta directiva del INECIP, “el juicio por jurados es la manera que tiene el pueblo de intervenir directamente en el Poder Judicial: al no haber jurado, el Poder Judicial es el único poder en el que no interviene el pueblo y así están las cosas. No por casualidad, el 99% del pueblo no confía en la Justicia”.

Así, el juez tendrá el rol de un árbitro que vigilará la calidad del proceso y regulará las normas del procedimiento. Antes del juicio, actuará en la selección de las pruebas y en la constitucionalidad del procedimiento; y durante el juicio le dará instrucciones al jurado y señalará las cuestiones de máxima atención. Además, cuidará el comportamiento de las partes.

“Las instrucciones de jurado, que serán redactadas entre el fiscal, el defensor y el juez, son un núcleo central del asunto”, sigue Budassi. “Esas instrucciones son las preguntas a las cuales el jurado va a tener que responder, que tienen que ser explícitas y claras y que, sólo de ese modo, permitirán llegar a un fallo fundamentado”.

El proyecto de juicio por jurados llegó a la Legislatura bonaerense en 2012 y fue comentado y corregido varias veces: el aval de diferentes sectores, progresistas y conservadores, está hoy garantizado y no hubo, en el debate legislativo, ninguna oposición judicial explícita. “Admitimos que en la familia judicial debe haber bastante oposición, pero nadie se anima a hablar de eso en voz alta porque es políticamente incorrecto: el juicio por jurado está en la Constitución Nacional y la doctrina general, en el 98% de los autores, lo apoya”, agrega el diputado Budassi.

Los que sí alzaron sus voces en contra fueron los jueces de la Corte Suprema Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni. Los dos argumentaron sobre el riesgo de las decisiones emocionales y de la susceptibilidad de los jurados. “Digamos que los jueces tampoco son súperhombres”, contrapone Budassi. “La prensa influye sobre ellos y es indiscutible que piensan en las consecuencias políticas de sus fallos. Por otro lado, la legitimidad de una decisión tomada por un jurado es superior a la que puede tomar un juez: un ejemplo sencillo es del fallo del caso Marita Verón, que no tuvo ninguna legitimidad”.