Por Rafael Saralegui
El penalista Maximiliano Rusconi ya era conocido en el foro local, pero saltó a los medios desde que el año pasado se hizo cargo de la defensa de Diego Lagomarsino, el técnico informático que entregó su arma al fiscal Alberto Nisman, con la cual apareció muerto en su departamento de la torre Le Parc, en el exclusivo barrio de Puerto Madero.
Rusconi era conocido por su paso por la Justicia primero y después por su condición de abogado de clientes de peso, como el ex presidente Carlos Menem, entre otros representados por su estudio. Docente, autor de numerosos libros de derecho penal, era conocido en el ámbito judicial.
Pero “el público”, “la gente”, comenzó a conocerlo desde el día en que ofreció una multitudinaria conferencia de prensa en su oficina, acompañando, a Lagomarsino, que se vio involucrado en la causa por la muerte de Nisman, cuando él mismo se presentó en la Justicia para informar que le había llevado su arma al fiscal el día anterior a que fuera encontrado su cadáver.
Rusconi asegura que se hizo cargo de la defensa de Lagomarsino no para obtener publicidad sino como un favor personal de un persona en común, que le pidió que le diera una mano al técnico informático, envuelto en la causa penal más ruidosa y polémica de las que se tramitan en la Justicia argentina.
Hacerse cargo de esa defensa provocó el enojo de muchos funcionarios del Ministerio Público -los mismos que impulsaron la marcha de homenaje a Nisman que se realizó el año pasado- embarcados en sostener que Nisman había sido asesinado por haber denunciado a la presidenta Cristina Kirchner y que Lagomarsino había sido parte de un complejo complot contra el fiscal.
Una de las más enojadas es la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, quien defiende la teoría del homicidio, al que califica directamente de “magnicidio”, porque considera que el supuesto crimen fue a consecuencia del trabajo de Nisman. Nunca pudo demostrar, hasta ahora, el supuesto papel de Lagomarsino, en esa trama siniestra.
El enojo le dura hasta ahora. Por eso la jueza habría estallado de furia cuando se enteró que el actual Gobierno había elegido el pliego de Rusconi para enviarlo al Senado para cubrir un cargo vacante de fiscal ante la Cámara de Casación Penal Federal, la más alta instancia de la justicia penal. Rusconi dice a los suyos que considera el cargo “un lindo broche para cerrar mi carrera”.
Rusconi había participado del mismo concurso con Alejandro Alagia, un fiscal en actividad que pertenece al movimiento Justicia Legítima. Esa habría sido el argumento del Gobierno para retirar el pliego de Alagia del Congreso y decidir que ese lugar sería para Rusconi. Pero el pliego no fue enviado ahora, en el período extraordinario, justamente por las quejas de Arroyo Salgado, según las fuentes que conocen la interna.
La jueza Arroyo Salgado participó como espectadora del debate entre Macri y Scioli, sentada en el sector de las butacas que pertenecían a Cambiemos. Esa cercanía con el gobierno actual es la que había utilizado para objetar la designación de Rusconi. Pero la historia no está cerrado, ya que hay quienes sostienen que el pliego será enviado en marzo, durante el período ordinario de sesiones. Además se sostiene en los pasillos del Senado que el candidato tendría el aval de buena parte de los senadores peronistas.
Quienes no quieren a la jueza Arroyo Salgado recuerdan sus buenos vínculos con el súper espía Jaime Stiusso, el hombre que no le atendió el celular a Nisman, ese mismo fin de semana en que encontró su muerte.