Por Javier Sinay.

Mientras Estados Unidos se prepara para sus próximas elecciones, una parte del debate también se da en California, donde la tradicional pena de muerte ve en duda su destino. Mañana el estado gobernado por el demócrata Jerry Brown votará para presidente entre Barack Obama y Mitt Romney y en el mismo acto decidirá –en una larga jornada que también incluirá disposiciones por el aumento de impuestos y el endurecimiento de la pena a los tratantes de personas- si su pena máxima de ahora en adelante será la prisión perpetua o si continuará siendo la pena capital.

En 39 de los 51 territorios que constituyen Estados Unidos (50 estados y el Distrito de Columbia) se votarán un total de 178 iniciativas legislativas de carácter estatal. De aquellas, las de California y Florida son las más cuantiosas: con 11 propuestas cada uno, esos dos son los estados que más medidas presentarán a sus electores. Entre ellas, la conocida como “Proposición 34” sugiere terminar en California con la pena de muerte y sustituirla por cadena perpetua. Según una encuesta de USC Dornsife y el periódico Los Angeles Times, el 42 por ciento de los votantes la apoya, pero un 45 por ciento se pronunció en contra.

California fue el Estado donde más se aplicó la condena a muerte a inocentes.

La Proposición 34 no es nueva, sino que fue formulada cuatro décadas atrás. Hoy un nutrido grupo de legisladores, ex jefes de celadores de la prisión de San Quintín -donde se aplica la pena de muerte-, conferencistas de obispos de California y diversas autoridades policíacas la sustentan. Si resulta aprobada, además, obligará a las autoridades a destinar 30 millones al año durante tres años para mejorar los medios policiales y fiscales para investigar y juzgar más rápido los casos de homicidio y violación.

Por supuesto, el trasfondo no es humanitario, sino económico: la propuesta calcula que desde que se reimplementó la pena de muerte en California en 1977, el Estado ha gastado 4.000 millones de dólares en aplicarla, casi todo en pago a abogados, y repercutió en la muerte de 13 individuos –aunque 727 esperan, algunos desde hace décadas, a que su sentencia se cumpla-. Según datos del organismo asesor independiente Legislative Analyst’s Office, el ahorro sería de 130 millones de dólares por año si en vez de pena de muerte se aplicara la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Es que el camino de un condenado a muerte siempre es largo y caro: el reo debe esperar cinco años antes de recibir la ayuda de un abogado para apelar su sentencia ante el Tribunal Supremo del Estado y 12 más antes de que otro abogado pueda apelar ante un tribunal federal. Según Jeanne Woodford, una de las principales defensoras de la Proposición 34, directora ejecutiva de la ONG Death Penalty Focus y ex alcaide de San Quentin, donde supervisó cuatro ejecuciones, el Tribunal Supremo de California pierde un tercio de su tiempo en gestionar recursos de penas de muerte.

Pero además, California carga con el triste récord de ser el estado que más ejecuciones erróneas cometió, aplicando la pena a inocentes. Únicamente entre 1972 y 1978 se dejó de lado esta sentencia, luego de que un tribunal la declarara inconstitucional. Pero con el voto en referéndum de los californianos en 1977, la pena volvió y California se reincorporó a la lista de 33 estados (cinco menos que hace diez años) que en el país de las hamburguesas, el soccer y los rifles todavía imponen la capital.