Calcaterra luego de pasar por Comodoro Py.

La causa de los cuadernos del remisero Centeno, no impacta de lleno sólo en el kirchnerismo. Hoy empezó a salpicar también al mismo presidente Mauricio Macri.

Angelo Calcaterra, primo hermano del primer mandatario, se convirtió hoy en el cuarto «arrepentido» del expediente al presentarse esta mañana a declarar antes el juez Bonadio y el fiscal Stornelli.

El empresario se presentó en calidad de ex propietario de la constructora Iecsa, que la familia de Macri le había vendido en su momento en ventajosas condiciones.

Era extraño que Calcaterra no apareciera en la causa cuando el ex gerente general de la firma, Javier Sánchez Caballero, había caído en la redada ordenado por Bonadio la semana pasada.

Según las webs de Infobae y La Nación Calcaterra admitió haber pagado coimas durante el gobierno de los Kirchner, tal como figura en loas cuadernos de Centeno, aunque aseguró que se trata de montos menores. El remisero había registrado más de ocho millones de dólares.

Calcaterra supuestamente declaró que hizo aportes para las campañas del kirchnerismo en los años 2013 y 2015. Si así fuera el caso se emparenta con los aportes truchos de Cambiemos que se investigan en la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, hay que esperar cuál será la figura delictiva. Si se trata de «exacciones ilegales», el empresario se presenta como víctima, al sostener que los funcionarios lo «apretaban» para pedirle que colabore.

El Código Penal, en su artículo 266 reprime con «prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco, al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden».

Ahora si a Calcaterra, como al resto de los empresarios se los imputa por el delito de cohecho, la situación es muy diferente, ya que las sanciones previstas son para los dos: para el que paga y para el que recibe.

Los artículos 256 y 256 bis castigan a los funcionarios que reciben dinero, y el 258  castigan «con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo».

La empresa que fue de Calcaterra ya está siendo investigada en las otras causas en las que se involucró a Odebrecht, el gigante de la construcción de Brasil. Iecsa fue socio en la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, donde los brasileños admitieron haber pagados coimas a funcionarios argentinos a través de Sánchez Caballero.