Una banda integrada por policías y civiles, que extorsionaba a comerciantes del Gran Buenos Aires con el pago de «cuotas mensuales» fue desbaratada tras la realización de una serie de allanamiento ordenados por la Justicia.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, el fiscal Federal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y al Jefe de la policía provincial, comisario general Fabián Perroni, dieron detalles de los operativos que permitieron desbaratar la red de recaudación ilegal luego de más de veinte allanamientos realizados en distintas localidades del Conurbano donde quedaron aprehendidos 14 miembros de la organización criminal.
«Hoy no perdimos a policías, nos sacamos de encima a delincuentes», aseguró el titular de la cartera de seguridad en referencia a los detenidos que formaban parte de la fuerza provincial y sostuvo: «desde que asumimos llevamos adelante una política de lucha contra las mafias y eso no es un slogan, es una forma de trabajar.»
Luego de una denuncia que originó el Ministerio de Seguridad Provincial, donde intervino Asuntos Internos, se logró desbaratar a esta organización delictual integrada por policías y civiles.
Los implicados están acusados de exigirles dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para «dejarlos trabajar» y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería.
A partir de un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad y Policía Provincial, la Justicia, personal de Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se logró desarticular esta asociación ilícita en la que participaban al menos 14 personas (entre policías bonaerenses y civiles), que recaudaban dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión y operaban en distintas localidades del conurbano.
Se realizaron en total 22 allanamientos en domicilios de Lomas de Zamora, Los Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield. Además, hubo requisas en la DDI Lomas de Zamora y en la DDI Avellaneda-Lanús entre otras reparticiones.
La red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una «cuota». La visita podía semanal o mensual, dependiendo del arreglo que hubiese con el comerciante.
Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica).
La organización criminal estaba integrada por personal policial de diversas jerarquías y por civiles que, según se desprendió de la pesquisa, actuaban como si fuesen policías.
Una vez recaudadas las pruebas pertinentes, la justicia ordenó los allanamientos que posibilitaron la aprehensión de los implicados y el desbaratamiento total de la banda.