La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación presentaron un hábeas corpus para tratar de corregir la critica situación de hacinamiento que se vive en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPF I), aunque la gravedad de la situación alcanza al resto de las cárceles federales.
Se elevó un pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, para que en el término no mayor a 30 días se remedie la situación actual y así prevenir inminentes futuros motines y situaciones de violencia.
Ambas instituciones pidieron a la justicia federal de Lomas de Zamora, que se convoque a todos los actores involucrados a planificar en un plazo de un mes, una acción conjunta eficaz para remediar el problema.
A fines del mes pasado, el complejo Ezeiza alojaba un total de 2021 internes a pesar de que el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cuenta con más de 2002 plazas reales en el lugar. El Habeas Corpus presentado en la Justicia expresa que “al revisar con detalle la situación particular de todos los sectores del Complejo, se advierte además que la distribución de la población no es homogénea y por lo tanto existen focos de hacinamiento grave en algunos lugares. La Unidad Residencial de Ingreso, Selección y Tránsito del CPF I, por ejemplo, alojaba 333 personas, cuando su capacidad real era de 309 y el Anexo URI acogía a 74 detenidos a pesar de que contaba con capacidad para 58”.
La situación de complejo de Ezeiza se da en un contexto de un récord historico de privados de la libertad en el sistema federal, con un incremento de la población detenida que al 31 de octubre pasado, logró un total de 10.485 personas alojadas.
“Lo que ocurre en el CPF I, lamentablemente, replica la situación de otros establecimientos del área metropolitana de Buenos Aires. El Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por ejemplo, alojaba el 31 de octubre último, a 1608 personas, a pesar de contar con una capacidad declarada por el SPF para 1504 personas y el CPF CABA (Devoto), alojaba a 1740 sobre una disponibilidad de 1680 plazas. La saturación del sistema carcelario ha llevado a situaciones extremas, como el alojamiento en vestuarios, gimnasios o salas de espera de personas a quienes, por no contar con un espacio de habitación adecuado se las denomina “sin techo”, expresa el pedido de la Procuración.
Fue el mismo juez Jorge E. Rodríguez quien expresó que “se ha superado ampliamente el plazo para el realojamiento de los internos denominados sin techo” y concluyó que “estar a la espera, conlleva a continuar violando su derechos.”