Para ganar tiempo, Burzaco cambió de abogado.

Por Javier Sinay.

El cerco se cierra sobre Eugenio Burzaco, el actual CEO de la compañía Templar Seguridad Integral y ex jefe de la Policía Metropolitana entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011. En la causa que investiga la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano, terminada a sangre y fuego el 7 de diciembre de 2010 (con tres muertos y cinco heridos), la jueza Mónica Berdión de Crudo (titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 47) rechazó un pedido de recusación presentado contra el fiscal titular Sandro Abraldes y la fiscal ad-hoc Nuria De Ansó. En ese documento los abogados defensores Santiago De Jesús, Julián Curi y Federico Sottile invocaron una “enemistad manifiesta” para apartar a los representantes del Ministerio Público en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 24.

Quien lee entre líneas, sabe que el subtexto de la presentación propone la idea de que el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) –que representa en la querella a la familia de Rossemary Chura Puña, una boliviana de 24 años muerta con un tiro de escopeta calibre 12.70– influye sobre la fiscalía. Con ese argumento, la defensa se animó a jugar una ficha distractiva: típica argucia, cuando las cosas se complican en el estrado judicial, de las fuerzas de seguridad en problemas.

En el desalojo hubo también efectivos sin uniforme, disuasivos químicos y se usaron cerca de 600 cartuchos antitumulto. Hay ahora 57 imputados de la Metropolitana y 11 de la Policía Federal. A todos ellos ya les llegó su hora de dar declaración testimonial, pero Burzaco –el hombre del PRO que ostenta el rango más elevado– todavía no habló. El proceso intenta establecer si los tiros fueron gatillados por la Policía Federal –que había ido al frente con 200 hombres–, por la Policía Metropolitana –que había enviado 60– o por armas tumberas indefinidas. Las primeras consecuencias de aquellos incidentes aceleraron la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación (el viernes 10 de diciembre de 2010) y la remoción de la cúpula de la comisaría 48ª por su responsabilidad en la represión.

Con el pedido de los abogados de los policías metropolitanos, que la jueza Berdión de Crudo rechazó la semana pasada, Eugenio Burzaco ganó tiempo. Otra jugada del actual CEO de Templar para evitar declarar –también la semana pasada– fue la renovación de su defensa: ahora su abogado es Marcelo Sancinetti, un hombre de perfil academicista con experiencia en casos polémicos y mediatizados como el del cura Julio Grassi. Burzaco intenta así defenderse de la acusación del fiscal Sandro Abraldes, que sostiene que las balas que mataron a Chura Puña y a Salgueiro salieron desde las escopetas de la Policía Metropolitana bajo sus órdenes.

Las querellas además determinaron que hubo una reunión previa al operativo de desalojo, celebrada en la comisaría 52ª, donde jefes de la Policía Federal intercambiaron ideas con jefes de la Metropolitana y diagramaron la batalla. Así, se ha pedido el procesamiento de tres jefes de la Policía Federal y cuatro de la Policía Metropolitana, aparte de 25 oficiales de la Metropolitana que efectuaron los disparos letales y otros ocho policías federales. Por los delitos de homicidio y lesiones culposas fueron acusados los entonces comisarios federales Hugo Lompizano –en ese momento jefe de la Dirección General de Operaciones y actualmente separado de la fuerza–, Juan Quintero –jefe de la Circunscripción VIII– y Emilio Miragaya –titular de la comisaría 36ª–. La responsabilidad por los mismos delitos se extiende a los jefes de la Metropolitana que también intervinieron: los comisionados Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda y el superintendente de seguridad Miguel Ciancio.

“Hay dos líneas probatorias importantes”, explica el abogado Federico Efrón, del CELS. “Por un lado, quedó claro que la Policía Metropolitana tenía balas de plomo, calibre 12.70, a pesar de que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, siempre lo negó. Por otro lado, los policías metropolitanos estaban ubicados en el lugar exacto y en el momento exacto cuando salieron las balas que mataron a las víctimas”. La actuación de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), de la policía porteña, está especialmente en discusión. Y su prestigio no la ayuda: es el mismo grupo de choque que actuó en otros conflictos, como los que ocurrieron en el Hospital Borda, la autopista Illia, la sala Alberdi del teatro San Martín y el Parque Centenario.

Al rechazar la presentación de los abogados defensores, Berdión de Crudo escribió que “lo que debe asegurarse es que el fiscal ajuste su actuación a la ley, siendo objetivo y leal a su actuación, pero nunca sujeto a exigencia de imparcialidad, en el sentido y extensión en que esta se concibe como atributo del juez”. Mientras Eugenio Burzaco planea su discurso frente a la jueza, los elementos para procesarlo a él y a los demás policías imputados cobran peso. “Ahora hay una posibilidad real de que eso ocurra”, considera el abogado Efrón, del CELS.