El procesamiento en el caso Ciccone no le da respiro a Amado Boudou. Además de las presiones de la oposición para que renuncie y la indiferencia del Gobierno, el vice tiene que cargar con una compleja interna gremial que él mismo se encargó de fomentar.
Tal como ya ha revelado el periodismo, Boudou es uno de los titulares del Senado que más designaciones de planta hizo durante su paso por el Congreso. Acuerdos que siempre se hicieron en coordinación con el influyente y últimamente hermético Norberto Di Prospero, que conduce la Asociación de Empleados Legislativos.
Este gremialista tiene motivos para estar preocupado. Los nombramientos de planta en el Congreso deben ser confirmados por el titular de la Cámara doce meses despúes de la designación. Hay mucha gente nerviosa porque si Boudou renuncia o se toma licencia como le reclama toda la oposición, será casi imposible que el radical Gerardo Zamora convalide las decisiones del vice.
Por eso Di Prospero atosiga a Boudou en lo que sería el abrazo del oso. Lo presiona para que no se mueva de su despacho y cuando fue a declarar a Comodoro Py le organizó una batucada en su apoyo para la cual reclutó a decenas de empleados de la Cámara de Senadores que se hicieron presentes en los tribunales de Retiro.
Di Prosperó aprendió las artes de la política de la mano de su entrañable amigo Carlos Ruckauf con quien suele reunirse a cenar en los restaurantes más caros de Puerto Madero (siempre paga Di Prospero).
Mientras tanto Boudou continua en su periplo por el trópico que lo mantiene alejado de su frente judicial local. El único funcionario que lo contacto fue el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que le indicó que hasta su regreso este fin de semana se mantuviera en silencio.
Las apelaciones del vice y del resto de los procesados por el juez federal Ariel Lijo llevarán la causa a la Cámara Federal y allí el kirchnerismo ansía ya no un sobreseimiento, sino ganar, por lo menos, algo de tiempo.
En la Casa Rosada, donde lo conocen bien al camarista Eduardo Freiller, se entusiasman con llegar hasta diciembre sin mayores novedades. El tribunal no tiene un plazo para resolver las apelaciones de todos los procesados, por lo que en el Ejecutivo esperan que las aguas se aquieten al menos por unos meses.