Manzanares al ser arrestado. (Crédito Opi Santa Cruz)

El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido en su estudio de Río Gallegos por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa de Los Sauces, de la que ya se había declarado incompetente y remitido el expediente a su colega Julián Ercolini.

El subcomisario de la Policía Federal, Adrián Lotoki, a cargo del procedimiento confirmó la detención, que según el juez fue adoptada luego de que se corroborara que Manzanares «entorpeció el accionar de la Justicia».

«Estoy tranquilo», se limitó a responder Manzanares cuando salió, pasadas las 15.30, de su estudio contable, ubicado en 9 de Julio 161, en pleno centro de la capital de Santa Cruz, escoltado por efectivos policiales que lo subieron a un patrullero y lo trasladaron hasta la delegación local de la Policía Federal, a la espera de nuevas directivas judiciales.

«Fuimos al domicilio en primera instancia, porque figuraba el domicilio de la casa, muy amablemente la señora nos informó que se encontraba en el estudio, vinimos para acá, le informamos el motivo de nuestra presencia y se realizó la detención», detalló Lotoki sobre el oficio que ordenó la detención de Manzanares.

«Reiteradamente, Manzanares había producido determinados hechos para sustraer del control de la ‘Sucesión Néstor Carlos Krichner’ y luego del condominio ‘Máximo y Florencia Kirchner SH’, dineros provenientes de los alquileres en provecho de sus clientes», precisaron las fuentes consultadas.

“La detención es ilegal, tiene una finalidad electoral y se inscribe en el marco de una persecución”, dijo Carlos Beraldi, abogado de Manzanares y de la ex Presidenta, a Página 12. El letrado pidió la excarcelación, que el juez debe resolver hoy a más tardar.

En marzo último, Manzanares y el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, se defendieron ante el juez Bonadio detallando las operaciones inmobiliarias y financieras de la firma, donde negó que existiera pago de sobornos vinculados a contratos de obras públicas a través de los alquileres y calificó esa acusación como «absurda».

En abril, el juez Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por «asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles», ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 130 millones de pesos y le prohibió salir del país por su presunta responsabilidad en Los Sauces, pero luego se declaró incompetente y envió el expediente a Ercolini, a cargo de la causa Hotesur.

En ese momento, el magistrado también dispuso el procesamiento de los hijos de la ex mandataria, Florencia Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner (Frente para la Victoria-Santa Cruz), y de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, todos por el delito de «asociación ilícita».

Beraldi  dijo que aunque no conoce el detalle de la fundamentación, “no puede haber ninguna acusación por el cobro de alquileres porque no son de personas investigadas en la causa, son de terceros que hace un operador inmobiliario, y de hecho no hubo ninguna restricción para que se cobraran”, señaló.