MenúPor orden del juez federal Claudio Bonadio, este mediodía fueron allanadas las oficinas de la firma Hotesur, la compañía de la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos que administra el hotel Alto Calafate, también propiedad de la familia de la mandataria.
Las oficinas allanadas se encuentran en la calle Lavalle 975, quinto piso, de la ciudad de Buenos Aires. El hotel que gestiona Hotesur es el que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner compró en 2008, según informó, por dos millones de dólares.
La orden de allanamiento orden se dio en el marco de una causa iniciada por la diputada y líder del GEN Margarita Stolbizer por la presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la administración de los hoteles que tiene Cristina en el sur. Stolbizer dice que hay sospechas de que podría ser un alojamiento «fantasma» usado por los Kirchner para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez.
En su presentación en el juzgado de Bonadio, la diputada señala que la propia Presidenta reconoce en su Declaración Jurada que es titular de acciones de Hotesur valuadas en $ 9,3 millones y menciona también “una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento».
Stolbizer también pidió que se investigue si la sociedad le debe a la Inspección General de la Justicia (IGJ) balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades. Según Infobae, el magistrado también habría ordenado operativos en la Inspección General de Justicia.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) salió al cruce de versiones que sostenían que, en el marco de la causa, también eran allanadas oficinas del ente recaudador. Pero, al mismo tiempo, el organismo confirmó que la justicia le requirió información “mediante una orden de presentación a la que asistió con cinco agentes de la policía Metropolitana y testigos”.
La AFIP afirmó que estaba entregando “toda la información requerida por el Juzgado Federal Nº 11 de Comodoro Py, a cargo de Bonadío, con la intervención de la Fiscalía Nº 4 a cargo del fiscal Carlos Stornelli”. Y cuestionó: “Generalmente este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso”.
