Como de costumbre, muchos de nuestros jueces solo pensando en conservar sus privilegios con mezquindad, sin tener en cuenta lo que significa el cargo que ocupan. Luego de la demora en traspasar la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, que lleva más de veinte años, y de otra demora mucho más grave, la de reemplazar nuestra justicia monárquica más propia de la colonia que de una república, nada ha cambiado.
En este contexto, el gobierno nacional pretende acelerar el postergado traspaso y, al mismo tiempo, reformar íntegramente la justicia penal, continuando con los esfuerzos del gobierno anterior. En este sentido, la propuesta que el ministro Garavano está comenzando a llevar a cabo parece superadora de la anterior en cuanto a la organización judicial.
La Corte Suprema también ha señalado la necesidad de realizar el traspaso de la justicia a la Ciudad. Así se informó, por ejemplo, en Diario Judicial:
Al respecto, los integrantes de la Corte reconocieron que “si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular status que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local”.
Por lo que, “transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional”.
Resulta imperioso, en este contexto, reubicar a la justicia ordinaria en el ámbito que le pertenece: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello significa, entre otras cosas, la desaparición de los tribunales nacionales de esta ciudad.
Se trata de un momento histórico. Sin embargo, muchos jueces están operando para que no se cumpla la decisión constitucional. ¿Por qué? Porque no quieren que el traspaso los convierta en jueces “municipales”. Sería “como ir a la “B”, dicen algunos.
Olvidan, en su capricho, que deberían agradecer que se proponga pasarlos de la jurisdicción nacional a la porteña. Esa decisión, en sí misma, ya es una concesión ilegítima para que no frustren el traspaso. La ciudad no tiene ningún motivo para cargar con todos los vicios de las fuerzas judiciales de la Nación.
El “reclamo” es grotesco, patético, y expresa la imagen que esos jueces tienen de sí mismos. Sin embargo, ellos no son los únicos responsables. Quienes no somos capaces de quebrar esa cultura barata del privilegio también somos responsables.
A nuestro juicio, se les deberían conceder sus deseos. Que sean jueces nacionales un tiempo más, y después, que sean ex jueces nacionales. Y nada más.
Que la Ciudad organice su nueva justicia con algo mejor que estas personas, que solo comprenden al servicio de justicia como el lugar donde poseen un feudo que construyen con privilegios ilegítimos.
Fuente: Blog No hubo derecho