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Baño de sangre joven en La Plata: piden el apartamiento de la Policía Bonaerense

Por Javier Sinay.

La Defensoría Penal Juvenil número 16 de La Plata, encabezada por Julián Axat, representará a los familiares de cinco jóvenes asesinados en los últimos meses. Se trata de la misma seguidilla que Axat denunció con una presentación radicada ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires el 21 de mayo pasado, en la que el defensor señalaba la sucesión de siete crímenes de chicos menores de 20 años en once meses, en una trama de responsabilidades sociales, policiales y judiciales.

Además de representar a los particulares damnificados (es decir, a los padres de Maximiliano de León, muerto el 1º de agosto de 2012; Franco Quintana, liquidado el 28 de diciembre de 2012; Omar Cigarán, que falleció el 14 de febrero de 2013; Axel Lucero, ultimado el 27 de febrero de 2013; y Bladimir Garay, asesinado el 19 de mayo de 2013), el defensor oficial solicitó también el apartamiento de la policía bonaerense de las causas. “Entendemos que a fin de garantizar la independencia e imparcialidad necesaria en el presente expediente donde se encuentra implicado un personal de la fuerza, resulta necesaria la no delegación de acto investigativo alguno en la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en especial resol. 1390/01 y sus complementarias”, se lee en varios de los oficios presentados.

En su constitución como particular damnificado, cada uno de los padres pidió al juez de garantías correspondiente una serie de informes, pruebas y testimoniales para hacer avanzar las causas con la fuerza de un conjunto. En diálogo con Crimen y Razón, el defensor Axat –que llegó a representar a algunas de las víctimas en vida- había considerado que la red que sostiene esta trama de homicidios es difusa: “podría

Foto del prontuario ilegal de Franco Quintana.

Foto del prontuario ilegal de Franco Quintana.

estar formada por las relaciones entre vecinos, comerciantes y agentes de seguridad privada que conocen a los chicos porque están prontuariados”. Es que, según analizó, el baño de sangre responde siempre a los mismos patrones, que se aprovechan de la impunidad y de la “baja calidad investigativa” –tal como anotó Axat en su presentación. “No creo que exista un escuadrón de la muerte”, había dicho a Crimen y Razón, “pero en cambio mi tesis es que la serie de casos sin castigo genera un clima de repetición. Es un copycat con 7 casos en once meses”.

“Franco [Quintana] tenía 17 años. Y toda la vida por delante”, dice ahora Marcela Spalletti, la madre de este chico asesinado durante un presunto intento de asalto a una heladería en la intersección de las calles platenses 13 y 32, a pocos días del final del año 2012. Antes, en enero de 2011, Quintana había sido acusado por el crimen de Fabián Esquivel –un empleado de la Agencia de Seguridad Vial que fue abordado al salir de su casa-, pero su participación nunca pudo probarse. Mientras esa investigación avanzaba sin suerte, el chico, que entonces tenía 15 años, pasó un año rotando por diferentes centros de tratamiento contra las adicciones. “La Justicia no tenía pruebas para incriminar al menor”, anotó el defensor Julián Axat en una columna publicada en el diario Diagonales el 28 de diciembre de 2012. “Pero ello no impidió que sobre ‘la nada’ se montara un espectáculo de demagogia antijuvenil, con pedido de baja de edad de imputabilidad mediante, aprovechada por el persistente Superministro Ricardo Casal, quien pretendió a toda costa dar credibilidad a la hipótesis policial; sin llegar a lograrlo. Franco no solo nunca fue declarado responsable por ser inimputable, sino por no existir pruebas concretas (la causa IPP 2039-11, el crimen de Esquivel todavía sigue impune)”.

El asunto del robo a la heladería no es menor: para el defensor Axat, en esa versión podría haber algo más. Es que Franco Quintana, como otros de estos jóvenes hoy muertos, había denunciado hostigamientos de parte de la policía bonaerense. “Los policías del barrio no lo dejaban vivir, no lo dejaban tranquilo, lo corrían continuamente de cualquier lugar en el que estuviera. Eran dos policías de la comisaría 11° de Ringuelet, de apellido Américo y Miranda. Ellos lo tenían muy corto, lo trataban de ‘rata’, le apuntaban con el arma y le hacían la vida imposible. No sé cómo es que siguen estando ahí”, concluye su madre. Su dolor no cesa. Para ella todo ha terminado, pero sabe que para muchos esto recién comienza.


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