El proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo destinado a otorgar una indemnización reparatoria a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, obtuvo dictamen y está listo para ser debatido en el recinto de sesiones del Senado a partir de la semana que viene.

No obstante, los senadores aguardarán que el gobierno nacional envíe antecedentes de medidas similares impulsadas por el Ejecutivo vinculadas con reparaciones indemnizatorias para las víctimas del terrorismo de Estado y del atentado contra la Embajada de Israel.

La Cámara alta había aprobado un proyecto similar en 2011, pero Diputados nunca trató la iniciativa, por lo que la sanción del Senado fue desechada a fines del año parlamentario 2013.

La primera iniciativa fue presentada en 2007 por el Frente para la Victoria, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el Estado argentino era corresponsable de la voladura del edificio que, en julio de 1994, dejó como saldo 85 muertos y más de 150 heridos.

La iniciativa obtuvo dictamen de los senadores de todas las bancadas que componen las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda durante un plenario en el que estuvo presente el coordinador del Programa de Justicia y Verdad del Ministerio de Justicia, subsecretario Luciano Hazan.

Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho a percibir “por única vez” un “beneficio extraordinario” a “través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas” por el atentado contra la AMIA “hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional”.

La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100.

Quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.

Según fuentes oficiales, el costo fiscal para el gobierno sería de alrededor de 350 millones de pesos que se pagarían mediante bonos.

Sin embargo, quienes opten por la vía administrativa deben renunciar a la vía judicial, la hayan iniciado o no.

“Es imposible una reparación completa cuando se perdieron vidas humanas”, destacó Hazan durante el plenario de comisiones y recordó el “compromiso explícito” del Poder Ejecutivo con las víctimas al reconocer la responsabilidad del Estado por el “incumplimiento del deber de prevención” y por el “en cubrimiento del atentado ante la falta de investigación”.

Hazan conjeturó que “la vía judicial es mucho más lenta” e interpretó que el fallo de la Corte Suprema conocido hoy avala el proyecto de ley y que “viene a plantear la decisión de una vía de reparación expedita”.

Sin embargo, el oficialista salteño Rodolfo Urtubey, luego acompañado por las bancadas de la oposición, pidió que se especifique quién se hará cargo de las costas en el caso de que haya víctimas del atentado que eliminen el litigio que hayan empezado contra el Estado.

Por ello, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el entrerriano Pedro Guastavino, acordó con el resto de los senadores pasar a la firma el proyecto y reclamarle al Ejecutivo detalles de cómo se resolvió el pago de las costas en las leyes indemnizatorias previas.