El bochornoso episodio protagonizado por el presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, Juan Carlos Gemignagni, cuando hace casi tres años ordenó la detención e incomunicación de una funcionaria por no haber ejecutado en el acto una orden que le había impartido durante la feria judicial de 2016, comienza a generar un sombrío pronóstico sobre el futuro de su carrera.

La intempestiva reacción de Gemignani es un ejemplo extremo del machismo que aún impera en muchos ámbitos del Poder Judicial. Y que ayer empezó a corregir el Consejo de la Magistratura que resolvió citar al magistrado para el próximo 22 de mayo, tras un dictamen de la Comisión de Disciplina. El juez puede presentarse a declarar o enviar un escrito, en un trámite que equivale a una indagatoria en el proceso penal.

La denuncia por mal desempeño ante el Consejo, fue presentada por el histórico titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato. En la denuncia se recuerda que el 26 de julio de 2016 Gemignani le ordenó a la secretaria letrada María Amelia Expucci que realizara un inventario de las cajas y elementos que había en una sala de audiencias, que tenía que ser utilizada para una videoconferencia.

Expucci le dijo entonces a Gemignani que esperar unos minutos el regreso de otra secretaria, Carolina Dragonetti, que era quien había quedado como responsable de las cuestiones administrativas del tribunal durante la feria judicial. Además, ella debía responder a los requerimientos de Eduardo Riggi, otro juez de la Cámara que se había quedado durante la feria.

Pero Gemignani no escuchaba razones. “Ese magistrado le respondió de modo negativo, le ordenó tomar papel y birome y advirtió a todos los presentes que cualquier funcionario o empleado que entorpeciera o se interpusiera a esas actuaciones sería detenido. Una vez en la sala de audiencias citada, la doctora Expucci le reiteró que ella no era secretaria general por lo que entendía que estaba excediendo sus funciones. También le preguntó en el marco de qué causa o actuaciones debía realizar ese inventario, si estaba habilitada la feria a tales efectos, o si podía, al menos, avisarle al doctor Riggi, que era su superior inmediato, a efectos de que fuese él quien la autorizara a realizar el acto en cuestión. Esos planteos de la doctora María Amelia Expucci fueron interpretados por el doctor Gemignani como una negativa a cumplir su orden, por lo que ordenó a los dos efectivos de la Policía Federal que los acompañaban, la detención de la funcionaria”, recuerda el dictamen de la acusación.

Pese a los ruegos de la secretaria Expucci, Gemignani ordenó a los policías que la detuvieran y la dejaran incomunicada, sin poder usar su teléfono celular. La funcionaria fue llevada hasta una garita que está en la planta baja del edificio de Comodoro Py, donde quedó detenida e incomunicada. No conforme con la orden de detención, Gemignani la denunció en el acto por incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

La insólita situación se prolongó durante un hora y media, hasta que llegó hasta el lugar donde Expucci estaba detenida otra funcionaria de la Cámara, quien les comunicó a los policías que debían dejarla en libertad por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, luego de que el fiscal Pedro Zoni, desestimara la denuncia de Gemignani por inexistencia de delito alguno. A lo sumo podría tratarse de una cuestión administrativa que debía resolverse en ese ámbito, pero no en medio de un proceso penal.

Días más tarde, Expucci denunció a Gemignani. La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del magistrado, quien finalmente a mediados del año pasado resultó sobreseido por la sala I de la Cámara Federal. Pero aunque el proceso penal está cerrado sigue adelante la investigación en el Consejo de la Magistratura por la conducta del juez, que se encuadra en lo que se considera un posible mal desempeño. “Sin embargo, existe una marcada diferencia entre las actuaciones penales, donde se discute la responsabilidad penal y, en su caso, se aplica el correspondiente derecho sustantivo, entre cuyos principales objetivos consisten en la prevención y represión del delito, con el expediente que se sustancia en el ámbito de este Consejo de la Magistratura, donde «no se juzga la responsabilidad penal sino la política». En esta sede administrativa, lo que se busca indagar es siempre el desempeño del funcionario”, sostiene el dictamen de la Comisión de Disciplina.

El dictamen le da la razón a la secretaria arrestada, cuando sostiene que “no puede dejar de señalarse que los reparos que formuló la doctora María Amelia Expucci para el cumplimiento de la orden dispuesta, se observan en principio razonables. A saber: solicitó que se le informase en el marco de qué causa o actuaciones se había ordenado ese inventario, si la feria se había habilitado a ese efecto, si se habían convocado testigos de actuación y, si podía, al menos, avisarle al doctor Riggi -su superior inmediato- sobre la diligencia encomendada, a efecto de que fuese él quien la autorizara a realizarla, toda vez que ella no había sido designada como secretaria general, por lo que entendía que estaba excediendo sus funciones”.

Y añade: “otra conducta le era exigida al doctor Gemignani, ajustada a la proporcionalidad que debe regir entre sus obligaciones inherentes a su función de juez, entre la cual se encuentra la disciplinaria, y el respeto por los derechos de los trabajadores.”

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