Por Torcuato Sozio

A un año del comienzo de la nueva gestión de gobierno, es útil hacer un balance de cuestiones delicadas que hacen al bienestar ciudadano y que no pasan por los problemas estrictamente económicos que siempre sacuden nuestras agendas.

En ciertos asuntos institucionales, reconocemos con agrado y satisfacción avances importantes: por ejemplo, el programa Justicia 2020 tendiente a mejorar nuestro servicio de justicia nacional; la sanción y promulgación de la ley de acceso a la información pública, o la propuesta de candidatos calificados tanto moral como académicamente para integrar la Corte Suprema. Sin embargo, por otra parte, resulta alarmante el retroceso en el campo de la privacidad, con su consecuente vulneración de otros derechos. En líneas generales, se fijan decisiones con el argumento de que, mediante estas medidas, se hace un aporte a la construcción de una sociedad más segura y a salvo de los flagelos de la violencia o el narcotráfico.

El presidente Macri nombró al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a personas con pocos o nulos antecedentes para afrontar la dura tarea de conducir uno de los organismos más importantes entre nuestras instituciones, aquel que busca asegurar nuestra paz. Incluso dio marcha atrás en ese organismo, con normas implementadas durante el último año por la ex presidenta que otorgaban un mayor nivel de transparencia al uso de sus recursos económicos y humanos. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmó con la Anses un convenio por el cual el Gobierno accedería a información personal de cada ciudadano, bajo el supuesto de que de tal modo se habrá de «mejorar la comunicación con la ciudadanía». Finalmente, poco tiempo atrás, los ministerios de Defensa y de Comunicaciones firmaron una resolución por la cual todos los celulares deben estar registrados nominativamente.

Una Agencia Federal de Inteligencia poco transparente y mal conducida o incluso bases de información ciudadana recolectadas sin fines profundamente justificados pueden dar lugar a un grave retroceso institucional. El gobierno nacional aún está a tiempo de modificar estas medidas, es por ello que instamos a su revisión.

*Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles

Fuente:La Nacion