En los pasillos de Comodoro Py estallaron las internas.

El Consejo de la Magistratura aprobó una resolución que pondrá en marcha una auditoría en los juzgados federales penales de todo el país en las que tramiten causas por corrupción, con el objetivo de determinar las razones por las cuales algunos expedientes llevan demoras de más de diez años.
En ese marco, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, aseguró que «el Poder Ejecutivo no va interferir con la labor de la Justicia» pero advirtió que pedirán «el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley».
De todos modos, remarcó la necesidad de que la auditoría se realice «con responsabilidad y mesura para que no sea una caza de brujas» y agregó: «Seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley».
La aprobación de la resolución se logró con el voto unánime de los consejeros presentes, que fueron once, dado que Héctor Recalde y Victoria García, ambos del Frente para la Victoria, se retiraron minutos antes de la votación y luego de cuestionar que el monitoreo no incluyera ni las causas por delitos de lesa humanidad ni las derivadas de la investigación periodística internacional de los «Panamá Papers».
El pedido de auditoría había sido presentado en abril de este año por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y reiterado esta semana, con el acompañamiento de 20 organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas Poder Ciudadano; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil Usina de Justicia; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); y la Asociación Civil Conciencia Fores.
Representantes de todas estas organizaciones se hicieron presentes esta mañana en el salón Lino Palacios del edificio de Libertad 731, lugar de reunión del plenario del cuerpo, para presenciar el debate, invitados por el propio Consejo de la Magistratura.
«Asumimos nuestra responsabilidad institucional en el Consejo por eso voto afirmativamente estas auditorías», dijo el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas, al votar la iniciativa.
Con diferentes fundamentos, los consejeros presentes expresaron su acompañamiento a la resolución, que implica un relevamiento de todas las causas penales relacionadas con delitos de la administración pública que se tramitan en las diferentes cámaras del país y que, denunciaron los cuerpos de abogados y las OSC al presentar su petición, «están sumidas en un letargo que lleva años».
Si bien el proyecto inicial presentado por el Consejo de Abogados y apoyado por la veintena de OSC abarcaba solamente las causas penales por delitos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, los consejeros propusieron ampliar el alcance de la auditoría a todo el país, siempre en relación a los casos por corrupción.
Según se determinó durante la sesión, el relevamiento abarcará el plazo comprendido entre 1996 y 2016, siendo el momento de corte el inicio de la auditoría, una vez que se conforme el cuerpo de auditores y se defina el procedimiento.
«Cuenten con el Poder Ejecutivo para llevar adelante esta resolución», dijo Mahiques al respaldar la iniciativa, en sintonía con lo expresado esta semana por el presidente Mauricio Macri en una reunión de gabinete, en la que destacó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura tome «un rol de liderazgo» en la evaluación de los jueces.
Por su parte, el representante de Cambiemos en este órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, destacó la resolución que da luz verde a la realización de una auditoría en el fuero federal penal como una «novedad para la vida del Consejo de la Magistratura» porque, dijo, «jamás se hubiera podido hacer con la anterior conformación del cuerpo y su criterio».
La consejera Adriana Donato, representante de los abogados de la Capital Federal en el Consejo, acompañó esta resolución y llamó a «todos los poderes representados en la mesa» a hacer lo mismo, al tiempo que aprovechó para pedir una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura que de más representación a los letrados en ese cuerpo (hoy son dos, uno por Capital Federal y otro por el interior del país).
El consejero Luis María Cabral, representante de los jueces, destacó el objetivo de esta auditoría de «ver en qué lugares se registran irregularidades, pero también adónde se requiere mayor colaboración», dejando en claro la idea de no entrometerse, y velar por la independencia de la Justicia.
Por su parte, la senadora del FpV Virginia García pidió «la misma celeridad para todas las causas», e incluyó el reclamo del lugar que ocupa Tonelli en el Consejo, que su partido reclama para sí; y la inclusión de las causas por delitos de lesa humanidad y de los Panamá Papers.
El consejero Angel Rozas, representante de los senadores radicales, acompañó la iniciativa pero dejó claro que «la responsabilidad primaria» no está en el Consejo de la Magistratura sino en las Cámaras y en la Corte Suprema de Justicia.
«Acá, nuestra función es la designación y remoción de jueces. No está mal que hagamos esto, pero la responsabilidad primaria no está acá. Hay una responsabilidad de superintendencia que tienen las cámaras y la Corte que no se puede eludir», consignó
El consejero Gustavo Valdés, representante de los diputados radicales y de origen correntino, fue quien propuso que el monitoreo se hiciera extensivo al fuero penal «de todo el país», porque, señaló, «el interior también existe».
La consejera Gabriela Vázquez, representante de los jueces y durante el año pasado presidenta del Consejo, acompañó la votación, pero llamó la atención sobre «los inconvenientes» que podría generar en el fuero, como «demoras», por lo que pidió que se «instruya al cuerpo de auditores para que utilice un sistema operativo para no entorpecer» el normal servicio de justicia.