Majdalani y Arribas tienen que dar explicaciones.

En una extensa y fundada resolución, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge procesó a Alan Ruiz, el coordinador de espías de la AFI macrista, y convocó a prestar declaración indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en la Recoleta.

La causa se inició el 20 de febrero por una denuncia de la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien encontró evidencias del espionaje ilegal. Esa vigilancia había sido denunciada en 2008 por Oscar Parrilli, pero el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa en menos de cuatro meses al considerar que no hubo delitos y tomar por válidos los argumentos de la AFI.

“En cuanto al propósito y la finalidad que tenían esas tareas de inteligencia ilegal, las declaraciones testimoniales son contestes en que los agentes de la AFI tenían que observar y vigilar en los lugares señalados por Alan Ruiz, con fin de detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”, sostuvo el juez en el auto de procesamiento.

“Es decir que tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificada, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados G 20 y los Juegos Olímpicos para la Juventud, tal como se intentó argumentar a través del informe N° 8409, obrante a fs. 35/41 y los siguientes informes que fueron presentados”, agregó el juez.

Para darle un viso de legalidad a las tareas de espionaje ilegal, la AFI de Arribas argumentó que había una serie de amenazas latentes por los eventos mencionados. Por eso le pidió al juez Federico Villena en 2017, una serie de medidas. Cuando la la denuncia de Instituto Patria se hizo pública presentaron una serie de escritos en el juzgado de Villena, que fueron el argumento que usó Martínez de Giorgi para cerrar la causa sin más trámites.

Apartamiento de Villena

La semana pasada, la Cámara Federal de La Plata separó al juez Villena de la otra causa, la más voluminosa de espionaje ilegal. Justamente, por estos antecedentes. Villena le había dado cobertura en una causa a las tareas ilegales de la AFI. Habrá que determinar si el juez fue engañado o fue parte de las mismas maniobras ilegales.

El espionaje ilegal sobre CFK parecía tener un sólo objetivo: encontrar el traslado de bolsos con dinero. Así consta en el expediente a partir de las declaraciones de varios testigos de identidad reservada.

• “Así, por ejemplo, en lo que concierne a las tareas de espionaje desplegadas en el Instituto Patria, uno de los testigos señaló: “…las tareas que pidió eran con el propósito de ver si había cualquier movimiento extraño por el que metieran o sacaran cosas del Instituto Patria o de la casa de Cristina” (…) “especialmente querían ver si movían bolsos, porque él tenía información de que como estaban investigándola, podía haber movimientos de algo, de ese tema específico, básicamente dinero…”
• “A su vez, en relación al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, se dijo: “…teníamos que instalar un servicio en un domicilio de recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo (…) era apostarse con vista al domicilio y si había movimiento teníamos que sacar fotografías…”

El juez estableció que el espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de CFK se realizó con varios grupos de agentes, algunos orgánicos que pertenecían a la AFI y otros contratados que provenían de la Policía de la Ciudad. Además, los seguimientos se realizaban durante 24 horas: durante la noche sin personal y con cámaras que funcionaban en forma automática.

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“A través de la reconstrucción de los hechos elaborada a partir de los distintos testimonios obrantes en autos, es dable afirmar, acorde los relatos de los testigos, que las tareas de espionaje ilegal durante el horario diurno eran desempeñadas por agentes de la AFI, mientras que en el horario nocturno éstos dejaban instalados en las cercanías de los inmuebles los llamados autos de técnica y existe la posibilidad de que en alguna ocasión se haya quedado en el interior del vehículo algún agente. Vale destacar que de acuerdo con las explicaciones de los propios testigos, los “autos de técnica” son vehículos con cámaras no visibles que se dejan en las inmediaciones del lugar observado y lo filman de modo continuado. Ello da claramente la pauta de un nivel de vulneración aún mayor a la intimidad de quien es observado”, explica Auge.

Cuestionamientos internos

Los agentes de carrera que habían sido designados para realizar esas tareas sabían que estaban haciendo algo que está taxativamente prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia y se lo hicieron saber a Ruiz, que reportaba en forma directa a Majdalani, la “señora 8”, segunda en el organigrama después de Arribas.

“Así las cosas, retomando con las órdenes impartidas por el imputado, se determinó que en razón de su clara irregularidad, varios de los agentes destinados a desarrollar los espionajes, comenzaron a quejarse e insistían en que no tenían permitido realizar observaciones, vigilancias y/o seguimientos a políticos, menos aún a una ex presidenta de la Nación, ya que esto era una pauta establecida y conocida por todas las personas que trabajan para la AFI”, describe el juez.

Y así lo dijeron los testigos, quienes señalaron: “…resultó evidente que había algo ilegal en la orden (…) que es ilegal una orden así lo sabes desde el primer curso que te dan, que no podés realizar actividades de inteligencia a políticos ni a periodistas, aparte está en la ley de inteligencia (…) estábamos seguros que esto era por lo menos irregular o ilegal…”

A comienzos de agosto de 2018, los agentes fueron puestos al descubierto. Usaban para espiar un Renault Megane, dominio FSE-103 y Volkswagen Voyage, dominio NNV682, y  fueron identificados como agentes de la Agencia por un funcionario policial de la Policía de la Ciudad. Entonces se puso en marcha el encubrimiento.

“Ahora bien, luego cometidas esas acciones y de que se las descubriera, desde las más altas autoridades de la Agencia, se trazó una nueva estrategia delictiva, que no fue otra que el intento de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral de inteligencia, Poder Judicial). Para ello necesitarían producir y utilizar documentos ideológicamente falsos. Lo cual fue concretado con la confección de distintos informes”, dice Auge.

Falsedad ideológica

“Fue así, que a los dos días de ser descubierta la inteligencia ilegal llevada a cabo sobre el Instituto Patria, el 9 de agosto de 2018, las máximas autoridades de la AFI, su Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani, suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial. Ello constituyó el inicio de una serie de falsedades documentales, cuyo núcleo de destino sería la causa 82.441/2017 del registro del Juzgado Federal de Lomas de Zamora N° 2, en ese entonces a cargo del Dr. Federico Villena”, agrega el juez Auge.

“Ese conjunto de composiciones falaces, plasmadas, rubricadas e incorporadas en documentos públicos, tuvo como fin el ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal. Ese derrotero permitió que hasta la actualidad los responsables quedaran cubiertos, al menos hasta ahora, y así intentar eludir rendir cuentas por sus acciones, incluyendo el sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria en el marco de la causa”, que tramitó Martínez de Giorgi.

Al fundar el procesamiento de Ruiz y la citación a indagatoria de Arribas y Majdalani, el juez Auge sostuvo que “los servicios de inteligencia no son meras bases de datos, sino que deben investigar la información que obtienen. Se afirma que todos los Estados del mundo tienen necesidad de contar con unos servicios que faciliten la toma de decisiones en materia de política exterior y relaciones internacionales, y que en materia de política interior eviten situaciones que atenten contra la seguridad del Estado. Su función es la de poner a disposición del ejecutivo un conjunto de información política, económica, científica, técnica y militar, debidamente contrastada, valorada e interpretada y capaz de orientar la acción de gobierno tanto en su proyección exterior como interior”. 

Y abunda al considerar que “los servicios de inteligencia no son una “policía política” ni son una institución autónoma desligada del gobierno ni de los controles que sobre éste ejerce la sociedad democrática; es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un “Estado dentro del Estado” y que funcionan sin ajustarse a ningún tipo de control legal ni democrático, situándose al servicio del poder político establecido para el mantenimiento del mismo”.

Tras procesar a Ruiz por violación de la ley de inteligencia, falseamiento de documentos públicos, abuso de autoridad e incumpliemiento de los deberes de funcionario público, el juez le otorgó la excarcelación con lo cual podrá seguir el transcurso del proceso en libertad, le dictó un embargo de 500 mil pesos y le prohibió salir del país. 

Además, citó a indagatoria para el viernes 10 a Martín Coste (otros jefe de la AFI), el domingo 12 a Majdalani y el lunes 13 a Arribas.