El yaguareté está en peligro en extinción en la Argentina y su captura se encuentra prohibida. Sin embargo, un grupo de cazadores furtivos mataron ilegalmente en Formosa a uno de los últimos cinco ejemplares de la especie que viven en la zona, según los registros.

La muerte del animal salvaje ocurrió en la zona de Estanislao del Campo y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa informó que los autores del hecho ya fueron detenidos y que se encuentran a disposición de la Justicia provincial.

Las autoridades formoseñas confirmaron que el animal era un macho de gran porte que ya había sido detectado por las cámaras trampa el 27 de febrero de este año por primera vez y también en abril, por lo que la muerte del animal amenaza aún más el peligro en extinción del yaguares en la Argentina.

Luego de que se confirmó la muerte del ejemplar se realizó una denuncia policial y finalmente intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad de Las Lomitas que está a cargo de Gabriela Soledad Plazas.

La fiscalía

«Se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto y que resultaron determinantes para la investigación que desencadenó en la detención de las personas involucradas en el hecho, por lo cual  informamos  que a la fecha se encuentra esclarecido respecto a los autores de esta lamentable  matanza de un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales”, dijo la fiscal Plazas.

En este contexto, la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Hansen, emitió un comunicado en el que avisa que pretende que “la causa pase a la Justicia Federal” para en dicho ámbito “constituirse en parte querellante por ser la autoridad de aplicación a cargo del resguardo del Monumento Natural Yaguareté”.

La pena que podrían recibir los cazadores

Las penas para este tipo de delitos están previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Conservación de Fauna y van de dos meses a dos años con cinco años de inhabilitación especial.

La pena se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la caza fuera cometida de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación.

También corresponde una multa económica significativa calculada en función del daño ambiental.

En el país se considera al yaguareté en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales.