El juez de Garantías N°2 de la ciudad salteña de Orán, Claudio Parisi, quedó bajo arresto esta mañana en su domicilio tras la acusación de favorecer a bandas narcocriminales y entorpecer investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

La orden de arrestola firmó su colega, el juez de Garantías N°1 de Orán, Raúl López, tras una solicitud formal del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Se lo acusa a Parisi de entorpecer la investigación del crimen de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien también está bajo arresto desde la semana anterior.

Este lunes, el Jurado de Enjuiciamiento que investiga a Parisi resolviópor unanimidad hacer lugar a un pedido de allanamiento de la inmunidad constitucional de este magistrado y lo suspendió en el ejercicio de sus funciones.

La investigación

La semana pasada, el juez López autorizó la detención del intendente Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. También se dispuso el allanamiento del domicilio de juez que ahora quedó bajo arresto.

A Parisi se lo invesiga por el cobro de coimas, por entorpecer la pesquisa por la muerte del hermano del intendente y de beneficiar a acusados de narcotráfico en causas que se tramitaban en su tribunal.

“Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Parisi está imputado en otra causa vinculada al millonario robo a la empresa Abra del Sol, en la cual también se encuentra procesado el sicario Cristian Gabriel «Gringo» Palavecino, y en la que la fiscalía le atribuye haber recibido un pago para conceder el arresto domiciliario al imputado José Dimas «Oso» Ruiz.

En la presentación de la acusación ante el jurado enjuiciamiento, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados.

“Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes”, agregó el procurador.