Los ocho policías de la comisaría 3a. de La Tablada que fueron detenidos ayer se negaron hoy a declarar en la causa que investiga una serie de abusos sexuales y vejaciones a 28 mujeres detenidas en esa seccional entre diciembre de 2019 y enero de este año.

Se trata de cuatro agentes que se encontraban actualmente en funciones y de otros cuatro que habían sido desafectados en enero de este año, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Defensoría General de La Matanza denunciaron los hechos y el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional.

Uno de los apresados fue jefe de la comisaría hasta su intervención, y que seis de los apresados son cuatro hombres y dos mujeres que fueron indagados esta mañana por los fiscales Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos de Gravedad Institucional de La Matanza, a cargo de la causa.

Lee más: Pedidos de hasta 25 años por la masacre en la comisaría de Pergamino

Los policías, que prestaban servicio en la comisaría y en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) loca están imputados por resultar «presuntos autores y partícipes necesarios de los delitos de severidades, vejaciones agravadas y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial».

Las detenciones se concretaron ayer en un procedimiento del que participó personal de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio a cargo de Sergio Berni y de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que los pesquisas establecieran que las víctimas fueron 28 mujeres, ocho de las cuales fueron abusadas sexualmente, mientras que 22 sufrieron «severidades», entre otros delitos.

La investigación

El caso tomó dimensión pública a fines de enero pasado, cuando personal de Asuntos Internos allanó la seccional y secuestró documentación de interés para la causa, clausuró los calabozos en los que presuntamente ocurrieron los hechos e inició una evaluación de todo el personal.

De acuerdo con la denuncia radicada por la CPM, las mujeres fueron sometidas a «requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual y que fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones del Grupo de Apoyo Departamental (GAD)».

En ese sentido, las mujeres relataron que los ataques se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez hasta llegar a las violaciones cometidas el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.

La denuncia señaló que «durante el primer hecho se alojaban catorce detenidas en el lugar, durante el segundo quince, y cuatro de ellas estuvieron presentes en ambos».

Aislamiento total

La CPM añadió que «a los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia», en tanto que «las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y humillaciones por cuestiones de género».

«Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas», concluyó el organismo.