La Cámara Federal de Salta hizo lugar el viernes al recurso de apelación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y anuló el procesamiento del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, apartó de la causa al juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y designó en su lugar al titular del Juzgado Federal N°1 de Salta, Julio Bavio, quien deberá dictar un «nuevo pronunciamiento conforme a derecho» en la causa que investiga al empresario como organizador de una asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al tráfico transnacional de estupefacientes.
La resolución firmada por los camaristas Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Jorge Luis Villada critica la postura adoptada por el juez Reynoso, quien había procesado a Sejas Rosales por el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de partícipe secundario, y, con esa calificación legal, lo había excarcelado. «El instructor sólo enunció cuestiones genéricas, sin que pueda inferirse de sus términos cuáles fueron los hechos en los que intervino Sejas Rosales y los motivos en los que se basó para tener por cierta su responsabilidad», indicaron los jueces del tribunal de alzada, y en ese sentido señalaron que «el decisorio [de Reynoso] evidencia una fundamentación aparente (equiparable, según doctrina de nuestro máximo tribunal, a falta de fundamentación), lo que conduce a su anulación y, como lógica derivación de lo resuelto, el apartamiento del a quo [el juez]».
En el recurso de apelación interpuesto por el fiscal general Adolfo Villatte y luego en su sostenimiento ante la Cámara Federal hace 10 días por parte del fiscal a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, y el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, se remarcó que la calificación correcta para los hechos que se imputan a Sejas Rosales es la de autor de los delitos de contrabando agravado de estupefacientes (600 kilos de cocaína) en concurso real con concontrabando doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos adulterados ante la Aduana.
Sejas Rosales es el titular de la Corporación Regional de Transportes Asociados (CRETA SRL) en Bolivia y dueño de una flota de 90 camiones en el vecino país. Uno de los camiones cisterna que trabaja para su firma fue detenido el 14 de febrero del año pasado en la localidad de Salvador Mazza. La Gendarmería comprobó que uno de los tanques se encontraba desconectado y, tras la inspección, en el interior fue hallada cocaína diluida en un líquido, por casi 600 kilos (en rigor, 599,7 kilos). Luego, se comprobó que la cocaína (base) sin el líquido pesaba casi 10 kilos (9,957 kg).
En tanto, el «Manifiesto Internacional de Carga – Declaración de Tránsito Aduanero» -documento de porte conocido por sus siglas MIC/DTA- aportado por el conductor del camión especificaba que la transportista era CRETA SRL y que la dueña del camión era Transanic SRL. El apoderado de CRETA declaró luego en el juzgado de Orán que la mercadería transportada eran 35 mil litros de alcohol etílico que tenían como destino una firma chilena.
El chofer del camión fue procesado por Reynoso con prisión preventiva por el delito de contrabando de importación de estupefacientes calificado en grado de tentativa, mientras que el dueño del rodado no fue llamado a indagatoria.
Después del secuestro del camión, Sejas Rosales se presentó en el Juzgado Federal de Orán para requerir que se le devuelva la mercadería incautada, de la que -dejó asentado- era responsable. El juez concedió el pedido y Sejas Rosales autorizó a retirarla a su hijo Oliver Alexander Sejas Vargas. El cargamento fue trasvasado a otro camión y se le tomó una muestra, que fue analizada cuando el vehículo ya se había retirado de suelo argentino rumbo a Chile. El peritaje químico dio como resultado que los 35 mil litros no eran de alcohol etílico sino de tolueno, un precursor utilizado para la fabricación de estupefacientes.
Pero hasta ese momento Sejas Rosales no estaba imputado. La acusación contra el empresario boliviano es el resultado del estudio realizado por la Procunar de varias causas por tráfico de drogas en la jurisdicción salteña que vinculan al transportista con al menos nueve cargamentos de distinto tipo y contenido de estupefacientes por los que hasta ahora sólo venían siendo imputados los choferes de los camiones, como si hubieran traicionado la confianza del dueño de la flota. El vínculo de Sejas Rosales con el entramado delictivo es consecuencia de una investigación compleja de un modus operandi detectado en causas individuales que, vistas por separado, no permitían visibilizar una verdadera organización transnacional dedicada al tráfico de drogas.
Con este contexto, que fue expuesto por Villalba e Iglesias con filminas ante el tribunal de alzada, los camaristas remarcaron que la decisión de Reynoso de procesar a Sejas Rosales como partícipe secundario de contrabando de estupefacientes «cuenta sólo con fundamentos aparentes pues no analiza ni la totalidad de los hechos imputados ni todas las constancias que resultaban válidas para decidir adecuadamente la situación procesal» del empresario. Eso, sostuvieron, «se agrava en razón de que el Ministerio Público Fiscal le había solicitado al instructor que analice imputar también a Sejas Rosales el posible liderazgo de una organización ilícita en razón de su posible vinculación en otras causas penales tramitadas en el Juzgado Federal de Orán, circunstancias que tampoco mereció la consideración de aquél».
En esa línea, los camaristas indicaron que el proceder del juez Reynoso «conduce a la nulidad del auto en tanto no se trasluce un actuar jurisdiccional deseable y esperable en la persecución y sanción de delitos transnacionales como el que se investiga» y asimismo agregaron que al evaluar la excarcelación de Sejas Rosales no realizó «estudio alguno acerca de la existencia de los riesgos procesales -especialmente el de fuga que comporta, objetivamente, que el imputado egrese del país cuando se encontraría involucrado en otros hechos graves por infracción a las leyes 22415 [Código Aduanero] y 23737 [ley de drogas]». En efecto, Sejas Rosales se encuentra imputado en una causa del Juzgado Federal N°1 de Salta, en la que el juez Bavio -que ahora concentrará las pesquisas- había dictado orden de captura nacional.
Fuente: Fiscales.