Dos abogados que representan al Ministerio de Justicia en el juicio oral que se lleva adelante por encubrimiento por el atentado contra la sede de la AMIA renunciaron hoy ante los jueces con sendas cartas en las que criticaron a las autoridades de la cartera, al sostener que les ordenaron que dejaran de participar activamente en el proceso.

Mariana Stilman, apoderada de la querella del Estado argentino en el juicio desde el año pasado, sostuvo que su principal diferencia con el Ministerio tenía que ver con que había recibido la orden de bajar el nivel de actividad en el juicio. También renunció otro abogado Ezequiel Strajman.

En el juicio están siendo juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, acusados de haber desviado la investigación del atentado contra la sede de la mutual judía.

Las renuncias se conocieron al comienzo de la audiencia, cuando tenía que seguir declarando Claudio Lifschitz, ex secretario del ex juez Galeano, quien dio su testimonio sobre las irregularidades ocurridas en la instrucción, cuando se acusó a policías bonaerenses, que luego fueron absueltos.

«Lo que pasa es que están dolidos porque no compartimos su posición durante la querella, ellos van a seguir trabajando, en la unidad que investiga Amia», dijeron en el Ministerio de Justicia, ante una consulta.

«Siempre fue intención del ministro ejercer una querella autónoma e inspirada en los intereses y objetivos propios de un organismo del PEN, cumpliendo los compromisos nacionales e internacionales asumidos y esa no era la vision de los abogados que renunciaron», dijo un vocero del Ministerio.

Stilman sostuvo en el escrito que el papel del Estado querellante en el juicio «debe ser lo suficientemente activo -aun cuidando la objetividad- como para llegar a la verdad de los hechos investigado, sorteando las dificultades propias de este particular proceso».

La abogada remarcó que las diferencias con la línea de acción dispuestas por el gobierno comenzaron cuando el letrado Miguel Inchasti, hasta entonces sustituto y enlace con el ministerio de Justicia, fue promovido a co-querellante junto con ella.

«Las diferencias de criterio explicitadas a esta altura resultan insalvables y los conflictos y presiones que ello provoca me impiden ejercer mi rol con la libertad y la probidad que considero necesarias», agregó Stilman.

También renunció otro abogado de la querella del Ministerio de Justicia, Ezequiel Strajman, quien también presentó una carta ante los jueces para sostener que se veía imposibilitado de cumplir con su papel como abogado debido a las instrucciones que le habían dado en el Ministerio.

Strajman participó en el debate desde el 2015, inclusive antes de que comenzaran las audiencias. Y siguió en el caso después del cambio de autoridades, dijo por el compromiso que tenía con la investigación.

En su carta, Strajman sostuvo que a mediados de mes, Mario Cimadevilla, secretario de la Unidad de Investigación del atentado que funciona en el Ministerio, le ordenó en forma verbal no sólo que no interviniera en las audiencias sino que directamente no concurriera a las audiencias.

«Esta limitación que en forma arbitraria e infundada se me impone a mi actuación en esta causa, es también absolutamente injusta en relación a la labor que vengo llevando adelante en estos años en la querella de este Ministerio y desde el inicio de este debate», sostuvo Strajman.

«La gravedad del contenido de esas renuncias -expresó Rodrigo Borda de Memoria Activa-, merece su publicidad y llevan a una preocupación de Memoria Activa respecto al direccionamiento que está tomando la querella que representa al Estado Argentino en este juicio. En las cartas presentadas al ministro de Justicia, Germán Garavano, que se adjuntan a las renuncias, se mencionan presiones y se plantea la posibilidad de que el Ministerio termine representando intereses opuestos a la búsqueda de justicia».

Memoria Activa dijo además que el actual apoderado del Ministerio en el juicio, Miguel Inchausti, «se presentó entre las 10.30 y las 11.53, dejando así a la querella sin representación durante toda la audiencia que duró hasta las 16».

Las renuncias de los abogados se conocen en medio del anuncio del Gobierno de liberar archivos de la AMIA, que estaban en poder de la ex SIDE. Pero la medida adquiere otros matices en este contexto de desconfianza sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.

«La verdadera intención de Macri de liberar los archivos de la ex SIDE, que ya fueran liberados por Cristina Kirchner, es en realidad dejar sin efecto que sea la UFI AMIA (Unidad Fiscal AMIA) la depositaria como estaba establecido, y de esta manera dejar toda la documentación en manos de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia a cargo del ex senador Cimadevilla«, advirtió Sergio Burstein, que representa a un grupo de familiares.

«Los motivos serían que de los archivos se desprenderían una posible y muy fuerte vinculación en la desviación y encubrimiento del atentado, de funcionarios de distintos estamentos, incluso de algunos que actualmente son parte del gobierno. Cimadevilla sería el encargado de ocultar, sino de destruir todo aquello que  comprometiera a estos personajes antes mencionados. Es un despropósito que sea esa unidad del Ministerio de Justicia la depositaria de los archivos cuando no son los instructores de la investigación, el propósito es encubrir sin duda alguna aún más el atentado y no permitir que se sepa la verdad», agregó Burstein.