Falbo, cuestionada por respaldar a Novo.

La sede de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María del Carmen Falbo, fue allanada hoy por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa en la que se investiga el encubrimiento de bandas de narcotráfico.

Arroyo Salgado está a cargo de una causa en la que se investiga el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, por presunto encubrimiento de actividades vinculadas al narcotráfico.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por orden de la jueza Arroyo Salgado.

«En el requerimiento firmado el martes por Arroyo Salgado se solicitó toda la información pertinente a los números de teléfono celular de Novo, como de todos sus colaboradores para realizar un entrecruzamiento telefónico. A su vez, se llevaron legajos y documentación administrativa del fiscal de San Isidro», informó el sitio La Tecla.

Novo había sido denunciado por fiscales que actuaban en su jurisdicción por haber frenado supuestamente la investigación de los crímenes de tres colombianos en el shopping Unicenter de Martínez en julio de 2008, y de la muerte de otra persona oriunda de Colombia en San Fernando en febrero de 2009.

Según los investigadores de los dos casos, los crímenes fueron cometidos por “sicarios” pertenecientes a bandas narco que operan en el país y las causas habían sido frenadas por Novo.

Falbo cajoneó durante más de cinco años una denuncia efectuada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en donde se acusaba a Novo de haber ejercido desde su cargo un fuerte “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político, que fue parado por orden directa de la funcionaria.

En septiembre del año pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales y Magistrados decidió en una ajustada votación iniciar el proceso contra Novo.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez presentó pruebas de un supuesto plan orquestado desde adentro de la Justicia para proteger a varios implicados en narcotráfico y sicariato que conducirían, según los propios investigadores, al cartel colombiano del Norte del Valle.