Nisman tenpia 51 años y dos hijas.

Por Javier Sinay

El fiscal federal Natalio Alberto Nisman alquiló el departamento de Puerto Madero en el que apareció muerto luego de separarse de su mujer, la influyente jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado (madre de sus dos hijas), hace tres años y medio. Nisman tenía 51 años y un sueldo cercano a los 100 mil pesos, y era el titular de la Unidad Fiscal AMIA, creada en 2004 para actuar en la investigación del atentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 y para intervenir también en las otras causas que guardan relación con ese hecho. Hasta entonces, Nisman había seguido un camino sin demasiados altibajos: hijo de un emprendedor textil, con un paso veloz por la Facultad de Derecho –donde rindió libre buena parte de las materias– y un promedio cercano a los 8 puntos, fue criado en los tribunales de Morón.

Su gravitación en la vida pública comenzó cuando fue designado al frente de la fiscalía AMIA con el visto bueno del por entonces presidente Néstor Kirchner. En mayo de 2008 Nisman había pedido la detención del ex presidente Carlos Menem y del ex juez Juan José Galeano, jugando de alguna manera a favor del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y a medida que la relación se afianzó, el kirchnerismo evaluó la posibilidad de colocar a Nisman como sucesor de Esteban Righi al frente de la Procuración General de la Nación, aunque finalmente fue elegido Daniel Reposo y luego Alejandra Gils Carbó.

Sin embargo, diez años después de ser nombrado al frente de la fiscalía AMIA, Nisman quedó enredado en la guerra del Poder Ejecutivo con la Justicia y con los servicios de inteligencia: se convirtió entonces en un enemigo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en el primer fiscal que le llegó a pedir una declaración indagatoria. En esos diez años, Nisman se transformó en un hombre simpático pero reservado, que intentaba liberar tensiones a través de las técnicas de respiración aprendidas en la ONG de raíz new age hinduísta El Arte de Vivir y con los ejercicios sencillos que practicaba (tratando de no forzar su zona lumbar, por una dolencia crónica que padecía) en el gimnasio del edificio Le Parc, donde vivía.

El quiebre de la relación con el kirchnerismo llegó en 2013 con el memorándum que la Argentina firmó con Irán para avanzar en la investigación del atentado, a espaldas del fiscal. “Es inconstitucional por su contenido”, afirmó entonces Nisman, y comenzó a trabajar en torno a ese documento. Durante dos años estuvo abocado a cimentar las bases de la denuncia, centrada principalmente en escuchas telefónicas.

De hecho, adelantó su regreso de un viaje de vacaciones a Europa para presentar el pedido de indagatoria a la presidenta. “Lo terminé de escribir ahora”, respondió cuando le preguntaron por qué presentaba su denuncia en tiempo de feria judicial, en medio de la tormenta entre el gobierno y la Justicia, y en un contexto internacional agitado por los atentados en París. “Siempre pasa algo o hay campaña electoral u otra cosa”, siguió el fiscal. “Tomé la decisión de presentarlo cuando lo terminé”. A su hija adolescente, en cambio, le dijo: “Preparate para lo peor, para que digan cualquier cosa de mí en la radio y en la televisión”.

Otras versiones dicen que al fiscal Nisman el tiempo comenzó a correrle más rápido cuando el viejo agente de inteligencia Antonio Horacio Stiuso, alias “Jaime”, ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, abandonó su puesto. Nisman y Stiusso habían trabajado en la investigación del atentado durante años: el espía había conectado al fiscal con sus contactos en el Mossad israelí y la CIA estadounidense (luego, en 2010, los cables de la embajada de Estados Unidos en la Argentina publicados por WikiLeaks revelaron una estrecha relación entre Nisman y Washington D.C.), y el fiscal dijo en alguna ocasión que el espía era el hombre que más sabía de la causa AMIA. “Con Stiusso discrepábamos en muchos aspectos”, dijo. “Él venía con informes que a veces parecían muy verosímiles y yo le decía: ‘Perfecto, ¿y las pruebas?’. Y Stiusso me respondía: ‘Es de un informante que tengo infiltrado’. Esas personas no podían declarar y por eso muchas pruebas no se judicializaron”.

La partida de Stiusso de la ex SIDE –y su reemplazo por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena– podría estar relacionada con el llamado a indagatoria de la presidenta: ocurrió a mediados de diciembre, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba ya al tanto de la acusación que iba cobrando forma en los borradores de Nisman. Juan Martín Mena (un abogado de 34 años que responde al ministro de Justicia, Julio Alak, y a su vice, el camporista Julián Álvarez), por otro lado, defendió en su momento en pacto con Irán, desde su posición de especialista en la causa AMIA.

Al mismo tiempo, Nisman estaba al tanto de que, aparte de alejar a Stiusso, el gobierno podría haber barajado su expulsión de la Justicia a través de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Según trascendidos, esa fue la razón por la que aceleró su regreso desde Europa y presentó su acusación en un enero tan caliente.

En su documento, Nisman aseguró que la presidenta trocó, con un acuerdo informal con Irán, justicia por comercio: de un lado, los cinco acusados persas por el atentado quedarían libres de toda sospecha y la acusación se desviaría hacia otros destinos; del otro, se reactivaría la venta de granos y carne hacia Irán. Según se conoció, en una de las escuchas, el dirigente ultrakirchnerista Luis D’ Elía le decía a Jorge Khalil, de estrechos vínculos en Teheran: “Tengo un mensaje urgente del gobierno argentino para pasar allá, urgente. Estoy en la Casa de Gobierno. Necesito que hables con el Sheik. ¡Mirá que es muy grosso lo que tengo! Están muy interesados en cambiar lo de aquellos por granos y carne. La reunión fue porque lo pidió la jefa, eh. Estamos al más alto nivel…”. En mayo de 2013, en una entrevista con BBC Mundo, Nisman aseguró que Irán estaba intentando infiltrarse en América Latina para suscitar actividades terroristas en la región, y Mohsen Rabbani –el ex encargado de asuntos culturales de la embajada iraní en Argentina y uno de los exfuncionarios con pedido de captura– estaba involucrado.

“La Presidenta decidió dar la impunidad a Irán”, dijo en declaraciones a Radio Mitre, la semana pasada, “desvincular a los funcionarios de ese país de la causa y hacer que no sean más investigados. Todas las decisiones eran tomadas por ella. Estaba al tanto de todo y nada hacía [el canciller] Héctor Timerman, absolutamente nada, sin el previo acuerdo de la presidenta”. En su escrito, que le valió el contraataque verbal de los funcionarios del gobierno, el fiscal denunció a la presidenta por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional.