Carlés con el Papa Francisco.

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM, junto a ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y MEI – Fundación Mujeres en Igualdad, objetaron por falta de perspectiva de género la propuesta de Roberto Manuel Carlés para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En cambio, sugirieron que el puesto sea ocupado por una mujer con claro compromiso por la igualdad de género, de modo de respetar en la selección el criterio de “diversidad de género” y aprovechar la oportunidad que genera la vacante para promover una mayor participación de las mujeres en la Justicia.

Las tres organizaciones feministas presentaron el 25 de febrero pasado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una nota con sus observaciones al candidato a integrar el máximo tribunal. La carta está firmada por Mabel Bianco (FEIM), Natalia Gherardi (ELA), y Monique Thiteux Altschul (MEI).

“Ese lugar debe ser ocupado por una mujer que tenga perspectiva de género”, expresó Bianco y señaló: «Argentina debe cumplir los tratados internacionales que garantizan el acceso igualitario de las mujeres a las funciones públicas. Sería un retroceso que el máximo tribunal, el cual avanzó tanto por la igualdad para las mujeres a través de las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica, quede constituido por una sola mujer”.

“Consideramos que el Dr. Roberto Manual Carlés no reúne los antecedentes para el cargo en el que ha sido propuesto, de acuerdo con algunos de los criterios que fueran indicados por el propio Decreto 222/2003: diversidad de género e integración con un sentido regional y federal”, señala la nota y añade: “su trabajo parece mostrar poco interés por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, algo que ningún candidato mujer o varón, debería dejar de tener”.

Las organizaciones feministas aseguran que “de los antecedentes del Dr. Carlés no se desprende tal compromiso con un enfoque de género”. En particular cuestionaron la participación del candidato en la Comisión de reforma del Código Penal.

Las ONG sostienen que esa reforma “retrocedió en aspectos relevantes en relación a los derechos de las mujeres” debido a que no se incorporaron agravantes para el homicidio en casos de violencia contra las mujeres ni se contempló una mejor regulación del derecho al aborto, y en cambio “se introdujeron nuevos tipos penales que van en claro detrimento de los derechos de las mujeres”.

FEIM, ELA y MEI pidieron que el puesto vacante sea cubierto por una mujer y recordaron que “el nombramiento de las Dras. Argibay y Highton llevó la participación de las mujeres (en la Corte Suprema de Justicia) a cerca del 30% entre sus integrantes por primera vez en la historia. Con el fallecimiento de la Dra. Argibay y la reducción de su número a 5 integrantes, actualmente esa representación ha disminuido al 20%”.