Por Valeria Calaón Moscova

La reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional es una deuda de la democracia. Durante las tres últimas décadas, la Secretaría de Inteligencia logró eludir todos los intentos de regulación. El año pasado hubo un intento de reforma, pero las cosas están volviendo rápidamente a su cauce de la informalidad y oscurantismo. Mientras, se reproduce un sistema de inteligencia experto en el espionaje doméstico, chantaje, presión a políticos, periodistas, empresarios y funcionarios judiciales, regulado por el favoritismo del poder político de turno y muy lejos de lo que cualquier ciudadano de a pie esperaría de la principal oficina del estado para la detección de amenazas serias a la seguridad interior, el orden constitucional y la defensa nacional.

Es natural que un sistema de origen oscuro, que ha utilizado la extorsión como herramienta principal para sostenerse y sin control alguno sobre sus fondos, sea reticente a la incorporación de reformas y controles, por mínimos que estos sean. Sin embargo, no hubo siquiera tiempo de implementarlos o esperar a ver los primeros resultados. Durante el primer semestre del actual gobierno se produjo un retroceso frente a la mayoría de las reformas encaradas, volviendo a fojas cero. Vale la pena el recuento:

(i) La disolución de la SIDE y la consecuente creación de la Agencia Federal de Inteligencia, tuvo como primer objetivo dotar de transparencia y profesionalismo a la Agencia. Entre las medidas más importantes podemos destacar que las autoridades de la AFI deberán ser designados a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. No obstante ello, la norma establecida ha sido completamente ignorada. Siete meses más tarde, seguimos aguardando su tratamiento en el Senado.

(ii) El traspaso de la ex Dirección de Observaciones Judiciales – único organismo facultado para ejecutar la intervención de telecomunicaciones –  hacia la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación puede ser considerado un hito en materia de inteligencia. Sin embargo, pasados 20 días de gestión del actual gobierno, se ordenó un nuevo traspaso, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU),a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decisión polémica por dos cuestiones fundamentales: El dictado de un DNU, sin tener acreditada ni la necesidad ni la urgencia, nos hace sospechar que la decisión de su traspaso responde a criterios de conveniencia política antes que al fortalecimiento institucional. Por otro lado, se pone en cabeza de la Corte Suprema de Justicia la producción de prueba ordenada por los propios jueces, eliminando el control cruzado de una de las medidas más invasivas para la libertad de las personas. La propia CSJN no quiso recibir la administración del organismo, y el mismo día que debía tomar funciones delegó su dirección en dos jueces de la Cámara Federal. El múltiple cambio de dependencia en un lapso de tiempo tan breve favorece la ingobernabilidad del sistema.

(iii) Las modificaciones introducidas por la ley, fueron complementadas con el Decreto N° 1311/2015 a través del cual se aprobó la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, la estructura orgánica y funcional de la AFI, los organigramas de la estructura interna, el régimen profesional del  personal y el régimen de administración de fondos. Sin querer entrar en tecnicismos, hay que destacar que estas fueron las primeras normas de regulación de una agencia secreta que se publican. Se regulan dos cuestiones fundamentales: no todo el personal que integra la agencia debe ser tratado como agente o espía, ni todos los fondos que se administren deben ser reservados. De esta manera, se evita que el personal esté amparado en la impunidad del secreto, y que se disponga de los fondos sin posibilidad de auditoría y rendición.

Apenas cinco meses después de su aprobación, el nuevo gobierno derogó 6 de los 7 ANEXOS, sin reemplazo de ningún tipo. Volvemos a la administración oscura de recursos humanos y financieros, por parte de autoridades que no responden a criterios de idoneidad en su designación.

Para evitar estas marchas y contramarchas son necesarias intervenciones urgentes. Los estándares internacionales para el control democrático de los sistemas de inteligencia dan cuenta de la necesidad de mejorar las prácticas para la supervisión de los servicios de inteligencia en al menos cuatro niveles: controles internos a nivel de la agencia, institucionalizados y públicos; controles del PEN sobre las tareas y prioridades establecidas; supervisión parlamentaria, especialmente sobre la política general, los recursos y la legalidad de los servicios; y supervisión a cargo de entes independientes, como ser el defensor del pueblo, ONGs o asociaciones civiles.

Rediseñar los sistemas de control de la nueva Agencia Federal de Inteligencia y de la Dirección de Captación de las Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación debe ser el desafío de esta nueva etapa. Para ello, es condición sine qua non aceptar que NO toda la información sobre el funcionamiento y la organización del sistema de inteligencia es secreta. Es necesario contar con un sistema que permita hacer un seguimiento en la materia de políticas de inteligencia más allá de los actores políticos de turno. Hasta que esto no suceda, no será posible garantizar que el sistema de inteligencia de nuestro país opere en respeto de la ley.

Fuente:Bastión Digital