Por Rafael Saralegui.

Para la fiscalía se trató de un robo tipo hormiga. Constante en el tiempo, sin que nadie hubiera advertido el faltante, por un negligente manejo del inventario. Pero lo llamativo es que lo que desapareció eran pistolas y revólveres depositadas en la armería de la comisaría 38ª y que habían sido secuestradas en causas judiciales. La sospecha es que las armas que desaparecieron fueron ingresadas nuevamente en el mercado negro para ser usadas por delincuentes.

La fiscal de instrucción Mónica Cuñarro pidió que se le tome declaración indagatoria a quien era el titular de la comisaría 38ª, situada en el barrio de Flores, Carlos Grandal, cuando se produjo la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de pruebas, desvío de la investigación y por ser el responsable del desvío de 29 armas que estaban guardadas en la dependencia que él tenía a su cargo.

De la comisaría 38ª desaparecieron 29 armas.

Cuñarro también requirió que sean llamados a prestar declaración a dos policías que también trabajaban en la misma dependencia el sargento José Antonio Lada, armero, responsable del depósito de la comisaría 38ª y del agente Marcelo Alejandro Lozano, a quien se considera el responsable de la sustracción de los revólveres y pistolas que estaban en custodia en la seccional.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por el propio comisario Grandal, al advertir que faltaba un arma, cuando le fue requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, en momento en que se estaba por iniciar un proceso. El descontrol era tan evidente, que Grandal denunció que habían desaparecido 74 armas. Sin embargo, luego de sucesivos procedimientos y revisiones en la comisaría se verificó que las armas robadas eran 29.

La mayor parte del armamento robado eran pistolas, como la tradicional Browning 9 milímetros usadas por buena parte de las fuerzas de seguridad, revólveres de diversos calibres y marcas como los conocidos Colt y Smith and Wesson. También había una Glock 9 milímetros, una pistola austríaca, muy apreciada por los entendidos.

En su dictamen, la fiscal consideró que la falta de controles derivó en «un excelente caldo de cultivo para que se fuera sustrayendo el armamento en forma hormiga, que por la cantidad y años que llevaban allí , demuestra que al menos fue en varias ocasiones» con el objetivo de «venderlas en el mercado ilegal de armas a personas hasta hoy desconocidas».

La principal sospecha apunta hacia Lozano, debido a que en el transcurso de la investigación se determinó que tenía una deuda de 20 mil pesos, que cancela de repente con dos pagos en efectivo. Además consta una transcripción telefónica entre la esposa del agenta y una amiga en la que dice que la situación se había puesto «heavy», por lo que le habían allanado la casa. Sin embargo, dice que no habían encontrado nada porque se habían llevado todo antes.

Pero aunque Lozano es el primer eslabón de la cadena, para la fiscalía ese es sólo el comienzo. Por eso Cuñarro pidió a la jueza Alicia Iermini que «sin perjuicio de la solicitud de ser llamados a prestar declaración indagatoria de las personas antes mencionadas», también decrete el secreto de sumario del expediente. Argumenta que «por un lado no se ha podido determinar a quien o quienes se desviaron las armas, y los cómplices o encubridores, por otro lado también he de continuar las investigaciones con respecto a la trazabilidad de las armas desde su fabricación y con respecto a la probabilidad de que  organismos estatales estén involucrados he de iniciar actuaciones complementarias a la causa para continuar con la investigación».