Facundo desapareció el 30 de abril y sus restos aparecieron tres meses después.

“Es complicado levantarse cada día sabiendo que los asesinos de tu hijo siguen libres, pero no voy a bajar los brazos”, sostuvo Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, al cumplirse el primer año de que se encontró el cuerpo de su hijo.

Las declaraciones fueron en el marco de una conferencia de prensa que realizó Amnistía Internacional, de la que también participaron los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio; la querella por la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque; y la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

Los abogados y la familia cuestionaron duramente la investigación judicial de la causa y reiteraron su pedido para que la Cámara de Casación se expida sobre el pedido de apartamiento de la jueza federal de Bahía Blanca, Gabriela Marrón por irregularidades. Además, aseveraron que el caso de Facundo se trató de una desaparición forzada con responsabilidad estatal.

La madre de Facundo denunció el encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad: «Sé que a mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero no quiero que a ningún papá le priven de volver a ver a su hijo. Lo nuestro no es venganza, quiero que paguen los asesinos y que esto no vuelva a pasar».

En ese sentido, Peretto subrayó: “La hipótesis que se ha robustecido es que Facundo fue víctima de violencia institucional. Han descartado su cuerpo de manera atroz. Aprovecharon el tiempo de pandemia para llevar adelante una hiperactividad policial”. En tanto, Aparicio destacó que existe un entramado de poder político y fuerzas de seguridad que sigue buscando la impunidad en el caso.

¿Accidente?

Por su parte, Jarque afirmó que la autopsia no determinó la modalidad de la muerte “si fue homicidio, suicidio o accidente”. Sin embargo, sostuvo que “se intentó hacerle decir algo que no decía para instalar la hipótesis del accidente”.

A Facundo Astudillo Castro, de 22 años, lo vieron por última vez el 30 de abril de 2020 cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la Provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada a causa del COVID-19.

El 2 de julio de ese año su familia presentó una denuncia ante la Justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero.

Los restos de Facundo fueron encontrados semi enterrados en un cangrejal de la localidad de General Cerri el 15 de agosto de 2020 y para la familia el cuerpo «lo plantó» allí la policía, ya que se trataba de una zona que había sido objeto de búsquedas.

El 1 de octubre se difundieron los resultados de la autopsia que determinó que Facundo murió por «asfixia por sumersión (ahogamiento)», que los restos óseos «no presentaban lesiones vitales de origen traumático» y que «no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados».

Para los peritos se trató de una «muerte violenta» pero el modo podía ser «suicida, homicida o accidental».

La Policía

Al cumplirse un año de la desaparición del joven, la CPM consignó en un informe que “a un año de su desaparición seguida de muerte, la causa que tramita en la Justicia federal tiene una importante cantidad de prueba testimonial y técnica que vincula a la Policía bonaerense con el hecho».

En ese sentido remarcó que «hay al menos cuatro efectivos policiales identificados por sus intervenciones aquel día: todos ellos reconocieron haber estado en contacto con Facundo, sus testimonios fueron inconsistentes y ocultaron o borraron información».

«El Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria y la querella familiar coinciden en que la lectura integral de las pruebas del expediente refuerzan como principal hipótesis la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo», destacó.

La jueza

A su vez, la CPM consideró que la jueza federal de bahía Blanca, María Gabriela Marrón, «obstruye cualquier intento por avanzar con la investigación judicial y conocer la verdad de lo que pasó», al rechazar medidas de prueba solicitadas por los fiscales y las querellas.

Ante esta situación, la CPM y Cristina Castro –representada por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio– denunciaron a la jueza ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.