Por Ignacio Ramírez.

El calvario sufrido por Tatiana Kolodziez, golpeada, violada y estrangulada, confirma la peor cara de la reincidencia criminal y deja al descubierto el fracaso del sistema. Desnuda, además, una cadena de responsabilidades de las funcionarios que imparten justicia y deciden sobre el beneficio de la libertad condicional. Magistrados, peritos psiquiátricos y el Patronato de Liberados presentan en mayor o menor medida fisuras a la hora de decidir.

El presunto homicida confeso de Tatiana, Juan Ernesto Cabeza,  está imputado de los delitos de secuestro extorsivo y violación seguida de muerte. Había recuperado la libertad hacía sólo 28 días. La Fiscalía de Ejecución Penal se había opuesto a la libertad de Cabeza «porque el informe médico forense decía que había serios riesgos de que reincidiera».

En 1996, Cabeza fue condenado  por el Tribunal Oral Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires a 16 años de prisión por la violación, privación ilegítima de libertad y robo de tres mujeres de 19, 26 y 27 años. La menor de ellas era virgen. A todas las sometía en el asiento trasero de su taxi alquilado. Al finalizar el proceso de las tres violaciones, apareció un cuarto caso.  Se lo juzgó y se unificó la condena en 26 años de prisión.

Después de ser dejado en libertad, Cabeza se trasladó al Chaco donde, según fuente de la investigación, consiguió un registro de conductor trucho. Con ese documento falsó alquiló un coche y comenzó a trabajar de remisero.

Tatiana Kolodziez.

El sábado 20 de octubre llevó en su auto alquilado a Tatiana. Según el informe preliminar del Comité Científico del Poder Judicial de Chaco, violó, estranguló y mató a Tatiana minutos después de comenzar el viaje. La joven había hecho una llamada por teléfono a su novio, antes de subir al coche. Cabeza tenía libertad condicional hace menos de un mes.

Los antecedentes de excarcelados que vuelven a delinquir abundan. El asesino de Soledad Bargna,  Marcelo Pablo Díaz Gozaba de salidas transitorias mientras cumplía una condena a 12 años de prisión por un delito similar.

El violador de Núñez Claudio Álvarez, en 2005 se metió en la casa de sus vecinas y mató a Elsa Escobar y violó a su hija de 13 años. Estaba libre gracias al polémico dos por uno, pese a que había sido condenado a 14 años de reclusión por un robo con abuso sexual.

Díaz, Álvarez, y Cabezas eran violadores condenados, que fueron excarcelados.  Todos volvieron a atacar sexualmente, incluso matar.

Los estudios internacionales que abordan la reincidencia de los delincuentes sexuales son lapidarios. Las cifras indican que la reincidencia criminal es de entre un 60 y 80 por ciento de los violadores, que vuelven a atacar. Las estadísticas de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI) exponen que en 2011 los hechos por violaciones fueron 3.367, los ataques con “acceso carnal” superaron los 900 y los demás delios contra la integridad sexual  suman los 6.993 casos registrados. El 90% de los casos de violación denunciados quedan impunes.

En las Comisiones de Legislación Penal del Congreso duermen proyectos de todo tipo. Desde un registro de condenados por delitos sexuales; hasta regular un límite para los violadores  sobre los beneficios de salidas transitorias o condicionales. El caso de Tatiana parece ser una clara mala praxis judicial que merece un nuevo debate. Un acto negligente que se podría haber evitado.