Por Rafael Saralegui

Las ferias judiciales de invierno suelen ser tranquilas, pero la de este año se vio alterada por la decisión del juez federal Claudio Bonadío de ordenar el arresto del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El magistrado dictó el procesamiento y el arresto de Jaime el viernes de la semana última, justo cuando comenzaba el receso invernal.

Con esa decisión se ganó la tapa de todos los diarios que hoy se encuentran enfrentados con el Gobierno y que hicieron campaña en contra de la tibia reforma judicial impulsada por el oficialismo. La medida quedó ayer sin efecto por una resolución de la Sala I de la Cámara Federal, que en un escrito de seis fojas le dio duro y parejo a Bonadío por ordenar la captura del ex funcionario.

Bonadío llegó a la Justicia durante el menemismo.

La pregunta que se hacen funcionarios, magistrados y abogados que aún no pudieron disfrutar de las vacaciones de mitad de año es a quien quiso impresionar Bonadío con una medida que no tiene justificación alguna, en este momento de la causa. Recordemos, Bonadío procesó a Jaime por haber supuestamente inflado presupuestos para la realización de obras en el Belgrano Cargas. Una denuncia más de corrupción, de la veintena que tiene acumuladas en los juzgados federales. Según el juez, Jaime podría haber obstaculizado la causa o haber utilizado los contactos que aún tiene en el Gobierno. ¿Y eso mismo no lo podría haber hecho antes?

La decisión de ordenar el arresto, que luego generó un reflejo en la Justicia de Córdoba, que por las dudas también pidió su captura (medida que también hoy quedó sin efecto), no puede ser considerada sino se tiene un panorama más amplio. En esa mirada más abarcativa debe observarse la pésima relación que la Corte Suprema de Justicia, con la excepción de Raúl Eugenio Zaffaroni, mantiene con la presidenta Cristina Fernández.

Detrás de esa guerra se encolumnaron muchos soldados. Bonadío, que es un hombre de armas tomar, formó filas detrás de Ricardo Lorenzetti. Y el arresto fue un mensaje, nada sutil por cierto, enviado en medio del fragor de la batalla y cuando la campaña por las elecciones primarias ya están a todo vapor.

En el escrito con que los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero dejaron sin efectos la decisión de Bonadío, hasta le toman el pelo. Lo hacen cuando escriben: “Frente a la tarea revisora que se nos ha asignado al invocarse nuestra intervención, este Tribunal no puede dejar de destacar el esmerado trabajo de búsqueda y recopilación de precedentes jurisprudenciales que brindó sustento a la decisión del juez de grado. Siete páginas fueron asignadas a la estimable labor de ilustrar los criterios que, a lo largo del tiempo, los tribunales fueron elaborando al momento de valorar las razones por las cuales puede coartarse la libertad de una persona durante el trámite de un sumario criminal.

“Sin embargo, y muy lejos de pretender incurrir en una inapropiada vanidad, resulta curioso observar que en la decena de citas de derecho realizada por el juez sólo haya una única referencia a una decisión de esta Sala. La excepción reside en el fragmento de un resolutorio por el cual se recuerda que la libertad ambulatoria consagrada por la Ley Fundamental ha de ceder en aquellos casos en los cuales “sea razonable presumir que el imputado…adoptará conductas concretas cuyo fin sea obstaculizar los cauces del proceso o eludir los alcances de la ley penal”.  Y le dicen que por no haber considerado los fallos anteriores de esa sala Bonadío perdió el rumbo. Literalmente ese olvido: “llevó al juez a extraviarse en temperamentos propios de otros tiempos y de otros estrados, muy distintos a los que constituyen la doctrina sentada en los últimos años por este Tribunal.” Es recontra conocido ese dicho que señala que los jueces hablan por sus sentencias. Está claro que Freiler y Ballestero si lo hicieron.

Bonadío tuvo a su cargo la instrucción de la causa por la tragedia de Once, donde envió a juicio a Jaime y a otros ex funcionarios, pero en ese expediente, mucho más grave, no se le ocurrió mandar a nadie a prisión, pese a que las eventuales penas pueden llegar a ser de cumplimiento efectivo. Nadie entiende porque en una causa sí y en otra no.

El juez, de pasado en la derecha peronista, llegó a su cargo de magistrado durante el mandato de Carlos Menem. Su nombre figuraba en la servilleta famosa del ex ministro Domingo Cavallo, donde escribió los nombres de quienes entonces eran leales al gobierno.