Cuando se sancionó la Ley del Matrimonio Igualitario en 2010 muchas parejas gays pudieron legalizar sus relaciones y tener los mismos derechos que el resto de la sociedad.

En ese marco, Octavio Romero se iba a convertir en el primer integrante de la Prefectura Naval Argentina que contrajera matrimonio con una persona de su mismo sexo.

Llegar a esa decisión no había sido nada fácil: Octavio sufría múltiples hostigamientos y amenazas en su ámbito laboral vinculados a su orientación sexual.

Los ataques se intensificaron luego de pedir autorización a sus superiores -por aquel entonces obligatoria- para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach.

No se pudieron casar. El 11 de junio de 2011 Octavio fue secuestrado y, seis días después, se encontró su cuerpo sin vida en las aguas del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Vicente López, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.

Un crimen que remite a las más horrorosas prácticas que las fuerzas armas llevaron adelante durante la última dictadura militar.

La desaparición

«El día de su desaparición, un sábado con frío y nublado, Octavio se preparaba para ir a una fiesta de cumpleaños. Gabriel, que es taxista, le ofreció llevarlo, pero su pareja desistió porque todavía le quedaban cosas por hacer. Llevaba un saco de pana color bordó y acomodaba las botellas que iba a llevar», recordó la agencia Presentes.

“Me dio dos besos en la boca diferentes, me miró como que algo estaba pasando. Y quedó ahí. Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada. Cuando volví a casa, dos o tres horas después estaban todas las luces prendidas y no había nadie”, contó Gersbach sobre ese momento», añade la nota.

Las sospechas evidentes entonces y ahora llevan a pensar que a Octavio lo asesinaron otros efectivos de la Prefectura para que no se concretara el primer matrimonio gay de un in integrante de esa fuerza. Pero la investigación judicial nunca avanzó.

“Hay muchas, muchísimas señales y pruebas de que en el asesinato de Octavio hubo personas involucradas de la propia Prefectura Naval y no ha habido por parte ni de la fiscalía ni del juzgado ninguna intención de investigar esa hipótesis”, dijo a Presentes la abogada Constanza Argentieri.

Denuncia al Estado

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad, son dos organizaciones que acompañan y representan a Gabriel en los diversos procesos en búsqueda de verdad, justicia y reparación.

«En el marco de un procedimiento plagado de vicios y prejuicios discriminatorios, el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. No hubo detenidos, ni imputados en la causa penal», dijeron ambas organizaciones.

«Gabriel, pareja durante 12 años y futuro cónyuge de Octavio, fue investigado durante años sin imputación alguna, habiéndole negado el Poder Judicial de manera infundada durante mucho tiempo la posibilidad de participar como querellante en la causa», agregaron.

Las asociaciones se presentaron junto a Gabriel a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, la violación de las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y por la protección judicial respecto de Gabriel Gersbach. El caso lo admitió la Comisión en el año 2018.