Los nenes eran tratados como si estuvieran en una cárcel.

Por Rodolfo Palacios.

El trato que recibían era como el que dan los peores guardias a los presos castigados. A los que no obedecían, les metían la cabeza bajo el agua. A otros los golpeaban, los amenazaban y los insultaban. Por dentro, era como una cárcel de pesadilla. Pero por fuera, la casona amarilla de O’Higgins 591, en San Isidro, con flores y abejitas pintadas, tenía la apariencia de ser un jardín que inspiraba confianza. Hasta su nombre, Tribilín, parecía reflejar inocencia y ternura. La pesadilla se conoció en febrero de 2011, cuando los padres denunciaron a las maestras de maltratar a los nenes. En los próximos días, la causa del llamado “jardín del terror” será elevada a juicio.

Las acusadas son Noemí Nuñez y Mariana Buchniv, dueñas de la institución; Yanina Gogonza y Noelia Gallardo, las “maestras”, y Graciela Di Pascuale, madre de Gogonza y cocinera. En el juicio llegarán acusadas d abandono de persona, amenazas y lesiones y enfrentarán penas que van de los tres a diez años de prisión. Están libres.

El caso fue revelado cuando el padre de una de las nenas que iba al jardín escondió un iPod en la mochila de su hija. Las cuatro horas y medias de grabación registraron gritos, insultos, amenazas y ruidos de golpes.

“Deseo que las imputadas sean condenadas y detenidas en el marco de esta causa. El audio refleja, ni más ni menos, la maldad humana, en su más absoluta expresión. Los nenes eran golpeados, amenazados y sometidos en forma permanente, circunstancia que provocó daños importantes en su salud y en su crecimiento”, dijo a Cyr uno de los abogados de los padres querellantes, Sergio Samuel Arenas.

El fiscal Franco Servidio consideró, en la elevación a juicio, que “el personal de Tribilín colocó en peligro la vida y la salud tanto física como psíquica de los niños. No les prestaron ayuda, contención ni vigilancia. Mucho menos educación, manutención y preservación”.

Aún resta definir la fecha del juicio oral. Además de la grabación, los informes psicológicos y las declaraciones de los padres fueron pruebas de peso para incriminar a las imputadas, cuya defensa apuntará a desvirtuar las acusaciones.

“Someter a un menor mediante amenazas, en términos generales, aparte de constituir un delito, representa un acto de cobardía. Un hecho repulsivo y degradante. Pude escuchar la prueba del dolor ocasionado a los nenes. Víctimas inocentes de quienes deberían ser condenadas y detenidas como indica la ley. El accionar impune de quienes los debían proteger. Los gritos desgarradores de los niños ponen en evidencia un acto de crueldad sin precedentes, y el tormento padecido”, dijo Arenas.

Los traumas también afectan a algunos padres de los nenes, que se sienten responsables por lo ocurrido. Y siguen preocupados y temen que a sus hijos les vuelva a ocurrir lo mismo. Para Arenas, los padres revivieron la pesadilla al escuchar otra vez las grabaciones.

“A los nenes, que tenían entre seis meses y cuatro años, los obligaban a comer, utilizando palabras irreproducibles y les metían la cabeza en una pileta. Muchos chicos tienen terror al agua y no quieren bañarse. Como letrado, advierto que lamentablemente, el rigor del Código Penal, es sólo para algunos. Las imputadas nunca estuvieron presas. Deseo el comienzo del juicio oral, a fin de que, las presuntas autoras de este hecho aberrante, empiecen a pagar de una vez por todas su deuda con la sociedad”, concluyó Arena.