Los trapitos integran mafias callejeras.

La estadística es más que elocuente: en 2013, el Ministerio Público Fiscal contabilizó 3191 denuncias por la actividad de «trapitos» en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo el 95 por ciento fueron desestimadas por la Justicia por falta de pruebas o por que no se pudo individualizar al autor del hecho.

Además, en ese mismo período, ningún caso relacionado con los cuidacoches llegó a juicio ni tampoco hubo sanciones para estos «dueños de la calle». Así, policías, fiscales y funcionarios le prestan atención a la problemática de los «trapitos» de manera intermitente, informa el diario La Nación.

Tras la polémica en los últimos recitales, donde exigían hasta 150 pesos por estacionar un vehículo, se intensificaron las investigaciones sobre las redes ilegales que hay detrás de esta actividad. Una de la sospechas es que las redes están vinculadas con las barrabravas de los clubes y que además pagan a la policía para que les permitan «trabajar».

Uno de los ejemplos históricos es Núñez, donde la Justicia sospecha que un grupo de supuestos barrabravas de River se apropian de varias cuadras linderas al estadio Monumental y organizan no sólo la actividad de los cuidacoches, sino que también manejan el negocio de la venta ambulante de ropa, hamburguesas y gaseosas. El vínculo es con «Los Borrachos del tablón», el núcleo duro de la barra y a quien el técnico Ramón Díaz le dedicó la victoria semanas atrás.

Pero en La Boca ocurre lo mismo. El sistema de estacionamiento en los alrrededores de La Bombonera también está manejada por la barrabrava. Cada hora pasa uno de los responsables a retirar la recaudación y al final de la jornada se «arregla» con la policía. Allí el negocio no es tan rentable como en River por que ese estadio no se usa tan seguido para recitales. En cada jornada recauda mucho dinero: hablamos de miles de pesos por partido.

Situaciones similares se viven en las cercanías de todos los estadios de fútbol que hay en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con las canchas que hay en el Gran Buenos Aires, pero en esa zona no hay ninguna acción oficial para frenar el negocio.

Los fiscales porteños explican que la ausencia de sanciones para los «trapitos» se debe a la imposibilidad de probar «la exigencia» de dinero, como estipula el artículo 79 del Código Contravencional.

Ocurre que, para que el castigo se haga efectivo, la policía debe descubrir in fraganti al cuidacoches en el momento de «exigir» ese pago, mientras que la justicia porteña debe comprobar fehacientemente que existió una exigencia monetaria hacia el conductor para aplicar la pena correspondiente.

Los barrios más copados por los «trapitos» son Núñez, Belgrano y Palermo. Según una estadística de la Justicia, el 71,7% de las 3191 actas labradas por la policía durante 2013 correspondieron a las comunas 13 y 14.

El informe de la fiscalía, además, detalla que el 40,3% de los «trapitos» identificados registró más de una imputación en el año; el 20,2% estuvo asociado a dos o tres casos, y un 20,1% a cuatro casos, o más.

Otro dato importante es que del total de las actas labradas a cuidacoches, el 99,2% fue por prevención policial (agentes de la Federal y de la Metropolitana) ya que, prácticamente, no se registraron denuncias personales por este tipo de hechos.

«El marco normativo vigente exige la prueba de la coacción para poder sancionar el ilícito. Los fiscales se ven imposibilitados de continuar adelante con la investigación dado el impedimento de probar dicha coacción. Por eso, la legislación actual es la que restringe el trabajo de los fiscales. Y se debe cambiar la normativa para que sea más específica y aplicable», dijo Martín Ocampo, fiscal general de la ciudad.

En esa línea el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, quiere insistir este año con un proyecto que no tuvo consenso en oportunidades anteriores. Y es la prohibición lisa y llana de la actividad de los trapitos en toda la ciudad.