Las menores eran reclutadas en barrios carenciados.

Por Ignacio Ramírez.

Esta es la historia de doce nenas que tuvieron una infancia rota. Niñas explotadas sexualmente por adultos y por un presente rodeado de miseria, clientes millonarios de Punta del Este, y una mafia fronteriza. Estos son los ingredientes del caso que conmueve a Uruguay, y donde se investiga una banda de proxenetas vips con clientes millonarios y menores de edad sometidas sexualmente por la mafia y sus propias familias.

En la causa se pudo establecer que un total de doce jóvenes de entre 15 y 21 años de edad eran obligadas a prostituirse. Según las fuentes judiciales, un empresario gastronómico de La Barra de Maldonado (de 75 años) mantenía relaciones sexuales con una de las adolescentes, y le daba ropa, celular, alimentos y los pasajes de ómnibus a cambio de sexo.

El empresario alegó que no sabía que era menor de edad. La víctima tenía 15 años.  En la causa también hay otros dos procesados con prisión actualmente alojados en la cárcel de Merlo. Un hombre de 58 años de Melo, quien era el principal nexo con las menores conectándolas luego con otros clientes. Además de nexo intercambiaba bienes materiales y dinero a cambio de sexo con las menores.

El escándalo de la mafia sexual de menores surgió a partir de una investigación del personal de la Jefatura de Cerro Largo, al mando de José Adán Olivera, en relación a algunas de las figuras previstas en la ley 17.815, vigente desde septiembre de 2004.

«A El Cata lo conocí a través de mi hermana. Hace como tres meses, yo fui a la casa de él y me dijo que si quería tener relaciones sexuales con él, me daba plata, que yo le pidiera lo que quisiera cuando precisara, me hacía regalos, me compraba lo que quería y yo accedí», dice uno de los testimonios claves de una de las siete adolescentes que el líder de la banda primero sedujo y luego convenció a tener relaciones sexuales con diferentes «clientes» de la capital y en Punta del Este.

El modus operandi de la banda se centraba en reclutar a las jóvenes de barrios carenciados de Melo. A partir de allí eran trasladadas para vivir con gente de la banda. Estos adultos de la red criminal mantenían a diario relaciones sexuales con las adolescentes para luego forzarlas a prostituirse en Punta del Este. La justicia también investiga el rol de los padres de las adolescentes por un evidente infracción de los deberes inherentes a la patria potestad.

Una de las menores sometidas, declaro ante el juez Javier Gandini sobre cuánto le pagaba por tener sexo: «A mí me daba trescientos pesos. El celular de El Cata tiene una cantidad de números de viejos y milicos que llamaban para acostarse con (…) y con (…) El Cata las llevaba a las casas de los clientes y después las levantaba», declaró la joven. En el auto de procesamiento indica que el empresario de Punta del Este procesado, giró «importantes sumas» de dinero a través de redes de cobranza que fueron a parar al proxeneta. Dichos giros a nombre del líder de la gavilla eran en beneficio de una adolescente de 15 años. La vinculación de la adolescente y el empresario se dio en el mes de mayo (de 2013) a través de una amiga de ambos.

La peor cara de estos criminales no requería de grandes operaciones era un método sencillo y eficaz. Contactar menores de escasos recursos económicos, ofrecer dinero y regalos a cambio de favores sexuales con clientes pudientes.